Baja en la edad de imputabilidad: Gabino Tapia detalla efectos legales y operativos

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, analizó el debate abierto tras la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El funcionario se mostró a favor de la iniciativa y sostuvo que la discusión debe contemplar tanto la responsabilidad penal como la reinserción social de los menores.

Según explicó, "la imputabilidad está vinculada al grado de comprensión que tiene un joven al cometer un delito. En ese sentido, afirmó que el objetivo de un nuevo régimen no debería limitarse al encierro, sino apuntar a evitar la reincidencia y favorecer procesos de recuperación para quienes infringen la ley".

Tapia señaló que la Ciudad ya cuenta desde 2017 con competencias transferidas en materia de régimen penal juvenil, aunque aclaró que la autonomía judicial aún no es plena. Actualmente, el sistema local abarca a jóvenes de entre 16 y 18 años y, en algunos casos, hasta los 21, una situación que —según indicó— debería corresponder al ámbito federal.

El ministro también subrayó que la discusión no se reduce únicamente a bajar la edad de imputabilidad. A su juicio, "resulta clave trabajar en políticas de prevención y reinserción, considerando que muchos adolescentes en conflicto con la ley provienen de contextos sociales complejos que requieren abordajes integrales".

Otro de los puntos planteados fue la necesidad de definir con precisión qué delitos quedarían alcanzados por el nuevo régimen y cómo se organizarían los espacios de detención. Tapia remarcó la importancia de segmentar a los jóvenes según el tipo de delito y de evitar que el sistema se limite a una lógica meramente punitiva.

Finalmente, el funcionario mencionó los desafíos operativos que enfrenta la Ciudad ante la falta de cupos en el sistema penitenciario federal, lo que deriva en alojamientos transitorios en comisarías. En ese marco, destacó la construcción de nuevos establecimientos y afirmó que el fortalecimiento del cumplimiento efectivo de las normas, junto con políticas de prevención y reinserción, son ejes centrales de la política judicial porteña.