Consejeros con defensores famosos

Los seis miembros del Consejo de la Magistratura sometidos al proceso de juicio político por la Legislatura porteña podrán concurrir a realizar en forma oral o escrita sus descargos frente a la Comisión Investigadora que preside el diputado Marcelo Godoy. Las audiencias están previstas para el 24, 27 y 31 de mayo a las 9 y a las 15.

Frente al avance que muestra el proceso -algunos no lo daban como demasiado posible- los consejeros María Magdalena Iráizoz, Diego May Zubiría, María Celia Marsilli y Bettina Castorino no escatimaron recursos a la hora de contratar a sus defensores. Iráizoz tiene como abogado a José Miguel Onaindia; May Zubiría a Eduardo Barcesat; Marsilli a Julio Comadira y Castorino a Julio Cesar Strassera.

Juan De Stéfano, por su parte decidió elegir como defensor a un abogado de su confianza y Carlos Rosenfeld, presidente del Consejo, aún no designó formalmente a su representante legal. Incluso fuentes legislativas aseguran que "cada vez que se presenta en la Legislatura parece tan tranquilo con su conciencia que por ahí se defiende a sí mismo".

Es que según fuentes parlamentarias tanto él como Marsilli pueden ser los únicos consejeros que salgan bien parados de este proceso. Según asesores de algunos miembros de la Comisión Investigadora "en el caso de Rosenfeld los jueces que declararon han destacado que recién cuando él asumió (febrero de 2004) alguien los recibía y atendía los llamados que hacían al Consejo, además solucionó temas logísticos como, por ejemplo, falta de insumos".

Un detalle para destacar de la investigación es el nombramiento por parte de Castorino de Jorge Argüello como asesor. Argüello, quien se desempeñó hasta hace poco como Secretario General de Coordinación del Consejo de la Magistratura, fue el que respondió -en octubre del año pasado- que el Consejo no cargaba en el sistema informático el seguimiento diario del Presupuesto y la ejecución presupuestaria del año en curso porque "eso vulnera la independencia del Poder Judicial". Estas declaraciones ocasionaron la furia de los diputados presentes en dicha reunión que fue previa a la sanción del Presupuesto 2005.

Según fuentes legislativas, "hasta el momento está comprobado que hubo mala gestión y falta de reacción ante los problemas por parte de los consejeros, pero no se ha demostrado que fuera por corrupción. Es muy probable que, frente a los desastres -que están siendo investigados penalmente- que hizo la administración anterior del Consejo presidida por Juan Octavio Gauna, éstos hayan pecado por no hacer".

Parece ser que los consejeros generaron una burocracia administrativa tan grande que las decisiones podían tomarse sólo si se reunía el plenario. "El miedo a que después fueran motivo de un procesamiento es evidente, pero el hecho de que todos los jueces te insulten no es gratuito, es porque hicieron o dejaron de hacer algo", señaló un asesor legislativo.

Por otra parte, la diputada Beatriz Baltroc dio a conocer que "Castorino y May Zuviría se expidieron a favor del juicio político a la jueza Alejandra Petrella, quien casualmente intervino en causas como, por ejemplo, las denuncias de irregularidades en el Hospital Moyano, la instalación de las tragamonedas, las inspecciones post Cromañón y ahora en los incidentes con el Normal 1. Esto sin duda marca a las claras la intencionalidad política de los magistrados", afirmó la legisladora.

Sin embargo, esta denuncia no podrá ser tenida en cuenta por los legisladores ya que este hecho no se produjo durante el período de tiempo delimitado cuando se inició el proceso de juicio político.