La Justicia avaló el control de precios local
El objetivo de la ley que creó el Sistema de Información sobre Precios al Consumidor (SIPCo) era el control de los grandes formadores de precios, los que facturan más de un millón de pesos anuales o cuentan con locales de más de 1.000 metros cuadrados. Sin embargo, el organismo constituido por Defensa del Consumidor y asociaciones de usuarios, no fue bien recibido por la Asociación de Supermercados Unidos que, argumentando la inconstitucionalidad del sistema por obligarlos a remitir semanalmente información sobre los precios al consumidor e impedirles variar los valores por oscilaciones propias del mercado, presentó un recurso de amparo ante la Justicia de la Ciudad.
La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributaria, desestimó la medida presentada y resolvió ratificar la validez del SIPCo.
"Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno", versa el fallo judicial. Y agrega: "El Gobierno ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en la Ciudad".
Con estos argumentos, los camaristas resolvieron que la supervisión de precios en manos del SIPCo implica el "uso legítimo de las facultades con que cuenta la Ciudad en materia de poder de policía de consumo".
