Un futuro judicial muy incierto

?Si lo que ven no es extraño, la visión es falsa? se leía en una pared de la prestigiosa universidad francesa de La Sorbona en mayo de 1968. Eran los días de la revuelta estudiantil que paralizó al país al exigir lo imposible. Aquella frase también sirve para definir la actualidad política que vive la Ciudad, luego de que se conociera que el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, está muy cerca de enfrentar un juicio oral en calidad de procesado, por la causa de las escuchas legales. Un hecho inédito en la Capital Federal.

Pero a esa situación debe sumarse que la noticia se conoció en medio de la más feroz pelea que enfrenta a la Nación y a la Ciudad por el traspaso del subte, y que por las acusaciones cruzadas diarias tiende
a crecer con el transcurrir de las jornadas, sin que nadie sepa hasta dónde puede llegar. Y con base en este conflicto,
Macri; su vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal; el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, declararon, apenas se anoticiaron de la novedad, que la causa estaba armada y dirigida por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a través del juez Norberto Oyarbide, al que acusaron de ser funcional al Gobierno nacional.

En síntesis, los funcionarios se esmeraron por hacer todo lo contrario a lo que debe ocurrir en un normal funcionamiento institucional. La primera mandataria y el gobernador de la ciudad capital se acusaron de las peores cosas por los medios. A eso se le agregó el coro de amplificadores que forman los laderos de ambos.

El miércoles por la mañana, Macri debía participar de la habitual reunión de gabinete semanal. Pero no iba a ser una más. Apenas llegó a la Biblioteca Julio Cortázar de Lavalleja al 900, un nutrido grupo de movileros lo esperaba para preguntarle su opinión sobre la elevación a juicio oral de la causa de las escuchas, que decidió
el juez federal Norberto Oyarbide. Y esta vez el ingeniero dejó de lado la mesura y salió con los tapones de punta. ?No me extraña la medida. Lo de las escuchas es un invento del kirchnerismo para complicar el día a día de la gestión de la Ciudad. Lamento que la Presidenta piense que esta es la forma de manejarse con la oposición. El juez Oyarbide responde a los K. Por algo cerró en tiempo récord la causa del enriquecimiento ilícito (de los Kirchner). Todos los argentinos nos tenemos que hacer cargo de defender la democracia y que la Presidenta conteste preguntas, y con Justicia independiente. La Argentina es un país donde funcionan mínimamente las instituciones?, se explayó Macri al declarar ante los medios con la premisa clara de apuntar todos sus cañones a Cristina Fernández y acusarla sin vueltas de ponerle a los jueces en contra.

De esa manera, le restaba importancia al caso judicial y a la importante imputación en su contra. Una jugada nada inocente y que le convenía mucho: victimizarse ante los vecinos y no mencionar
las pruebas en concreto en su contra.

Pero a pesar del enojo de Mauricio y del impresentable magistrado a cargo de la causa, en el expediente hay elementos que no dejan bien parado al jefe porteño. El juez federal a cargo del Juzgado Nº 7 le puso punto final a la etapa de instrucción y de recolección de pruebas, que duró dos años y ocho meses, de la causa que lleva el número 12.446/2009 y se caratula ?James, Ciro Gerardo y otros sobre escuchas ilegales y otros delitos?. En la causa iniciada a fines de septiembre de 2009, Macri fue procesado en primera instancia,
el viernes 14 de mayo de 2010, bajo la figura de partícipe necesario de una asociación ilícita, a lo que se sumaron los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos y falsificación de documentos públicos. El procesamiento fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal porteña, que integran los magistrados Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, el viernes 15 de julio de 2010. Lo que demostraba que no solo se trataba de la opinión de Oyarbide sobre la responsabilidad de Mauricio en el caso, sino que a la de él se le agregaba la opinión de tres camaristas, lo que tiraba por tierra el argumento macrista de que la causa estaba armada en su contra. Pese a los cuestionamientos en su contra, el juez federal se dedicó
detalladamente a argumentar su línea de investigación. Para el magistrado, desde la estructura del Gobierno de la Ciudad se montó un aparato de características parapolicial para realizar tareas de inteligencia y pinchaduras ilegales de teléfonos. La metodología de esta organización funcionaba a través de James, quien era el encargado de pedir las intervenciones ilegales de teléfonos a dos jueces de Misiones, que eran realizadas por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y, al finalizar su trabajo, los casetes eran retirados por el propio James. Además de a Macri, Oyarbide también procesó como integrantes de la asociación ilícita al exministro
de Educación porteño, Mariano Narodowski, al exjefe de la Policía Metropolitana (PM) Jorge ?el Fino? Palacios y al expolicía federal Ciro Gerardo James.

Antes de llegar a Macri, el juez fue paso a paso y comenzó primero procesando, el viernes 18 de diciembre de 2009, como integrantes de una asociación ilícita a 13 personas, entre las que se encontraban Palacios, James, Diego Guarda, Raúl Rojas y Rubén Quintana (policías de Misiones), el comisario inspector David Amaral (jefe de la imDivisión Homicidios de la policía misionera), el comisario mayor
Antonio Fernández (jefe de la División Investigaciones de la policía misionera), los jueces de Instrucción Penal de Misiones, José Luis Rey y Horacio Gallardo, sus secretarias Mónica González y Beatriz Kruchowski, y los empleados judiciales Gregorio Busse y Javier Castelli. Siguiendo esa teoría, Oyarbide le apuntó al Jefe de Gobierno porteño. Las pruebas principales en las que basó su imputación
fueron dos. Una fue la pinchadura del teléfono particular del líder de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la Amia, Sergio Burstein, que se inició el 21 de septiembre de 2009. Burstein denunció que al día siguiente recibió una llamada anónima que le avisó que lo estaba espiando el Fino Palacios. La otra prueba fueron las escuchas que sufrió Néstor Leonardo, nada menos que el cuñado de Mauricio.

Leonardo se encargó de complicar a Macri el martes 24 de noviembre de 2009, cuando se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 con un e-mail que Ana Moschini, secretaria del Jefe de Gobierno, le envió desde su casilla de correo electrónico, amoschini@buenosaires.gov.ar, a Sandra Macri, la hermana del ingeniero, con un texto en donde el jefe porteño le pedía a su cuñado que lo desvinculara de las escuchas telefónicas que sufrió. Mauricio redactó un texto en ese sentido al que solo debía agregarse la firma de Leonardo. El jueves 26 de noviembre de 2009, Moschini confirmó ante el magistrado que el jefe porteño era el autor de esa aclaración.

?La carta de Macri le decía a Leonardo lo que tenía que decir para salvarlo y la propia secretaria lo corroboró. Estos datos reforzaron la teoría de Oyarbide de que el ingeniero está involucrado en el espionaje que sufrió el parapsicólogo?, le explicó a este medio un abogado involucrado en el caso. A esas dos pruebas fundamentales
se suman datos nada menores y que perjudican a Macri,
que los camaristas de la Sala I destacan en la confirmación
del procesamiento de Narodowski del jueves 22 de marzo pasado: ?Narodowski participa en una asociación ilícita, a través de la contratación de James en su ministerio, para asegurarle un salario, no a cambio de una relación formal así establecida, sino a cambio de los servicios clandestinos informalmente prestados hasta tanto ingresare en la Policía Metropolitana. A eso se suman las 72 llamadas entre los celulares del por entonces ministro y el espía entre febrero
de 2008 y marzo de 2009. Y reiteramos, la existencia de un contrato del que nunca se probó la contraprestación y que el espía fue rápidamente trasladado del área en la que ingresó a la Unidad Ministro, donde las secretarias atestiguan que James llamaba para hablar con el funcionario?, se lee en el escrito.

James firmó el 30 de mayo de 2008 un contrato para trabajar
en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación por 6.500 pesos al mes, y con posteridad otro, el 22 de enero de 2009, para desempeñarse en la Unidad Ministro Innovaciones de Apoyo a la Gestión Educativa de la misma cartera ministerial. La propia exjefa de Gabinete del Ministerio de Educación, durante la gestión Narodowski, Roxana Barroso, aseguró ante el juez que el ministro le encargaba personalmente tareas al expolicía federal. Otro elemento que ratificó la actividad que James realizaba en el ministerio, lo aportaron trabajadores del Canal de la Ciudad, quienes señalaron que en una ocasión el espía les pidió prestada una cámara para filmar una protesta docente. Todas esa pruebas deberán ser analizadas por los integrantes del tribunal oral. Y también los elementos del macrismo que invalidan todo el proceso. Con lo cual la situación futura de Macri no tiene término medio: es el cielo o el infierno.

ESTRATEGIAS JUDICIALES

El magistrado dio por cerrada la denominada etapa de instrucción, aunque la Cámara Nacional de Casación aún debe expedirse sobre un recurso presentado por la abogada Valeria Corbacho, defensora de Ciro James, otro de los imputados por Oyarbide. ?Llama la atención que dos años a posteriori de iniciada la causa, luego de que se presenten nuevas medidas de prueba, ahora se tome esta decisión?, deslizaron a Noticias Urbanas fuentes ligadas a la defensa de una de las partes.

Es que los letrados no desestiman que parte de la jugada sea ?para ganar tiempo? ya que, se presume, Oyarbide espera retirarse luego de que concluya esta etapa y que la causa sea llevada por otro juez.
Pasando en limpio, cada una de las querellas tiene de dos a tres meses para definir su posición, siempre y cuando no consideren que deben pedir, por ejemplo, nuevas investigaciones en determinadas líneas de teléfono. Si así fuera, el tiempo sería aún más.

Pasada esta etapa, se corre vista al fiscal, que se encontrará con una causa de aproximadamente 20 mil fojas y que tiene tiempo indefinido para tomar una decisión. ?Le puede llevar unos dos años?, señalaron fuentes judiciales a Noticias Urbanas.

Así y todo, el fiscal puede decidir que la causa no está bien instruida y volver todo el proceso al punto de partida. ?Además, hay que tener en cuenta que las querellas se opondrían a la elevación a juicio, cosa que Oyarbide sabe y que es funcional a su estrategia de ganar tiempo para retirarse antes?, asegura una fuente con pleno acceso a la causa a NU. De concretarse el juicio oral, todos los procesados deberán desfilar por el banquillo de los acusados en los tribunales.

Noticias Urbanas también pudo saber que desde el macrismo se hará todo lo posible por evitar la instancia del juicio. ?Si se empiezan a prender los ventiladores, no se sabe qué puede pasar?, confiaron a este medio, recordando la entrevista exclusiva que publicó NU, donde el exagente James remarcó en torno a su inculpamiento que ?Macri cortó el hilo por lo más delgado, como siempre, porque para él, siempre la culpa la tiene otro?.