Anestesias sin traza, funcionarios que fingen demencia y descontrol médico
Los hospitales públicos y privados porteños están en estado de conmoción. El robo de propofol y fentanilo, que ya provocó dos muertes, es el karma que pesa sobre los anestesiólogos. Las autoridades del área respectiva fingen demencia. Especialistas en salud mental, directores médicos y enfermeros hablaron con Noticias Urbanas sobre el tema.
El punto principal que está en cuestión es el control sobre quienes acceden a la provisión de medicamentos que se utilizan en intervenciones quirúrgicas. Ningún responsable puede explicar cómo se hace para evitar los robos, que después se convierten en elementos de fiestas de sexo, drogas y muerte.
La trazabilidad –palabra de moda- indica que las droguerías envían sus productos, que son primero inventariados por el área correspondiente y luego retirados ante cada requerimiento. Nada dicen los instructivos sobre qué hacer cuando hay sobrantes de dosis o cuando se solicitan medicamentos de sobra.
“Ustedes imaginen un control a cada anestesista antes de empezar una operación”, señala una joven médica, que prefiere el anonimato. “Es imposible -remarca- porque los hospitales no tienen elementos para hacer los test y tampoco reemplazos inmediatos en caso de encontrar sustancias tóxicas en sangre”.
La misma profesional revela que en 2022 se hizo un trabajo sobre las “adicciones problématicas” en el ámbito de la salud. Uno de los puntos centrales que estudiaron fue el stress que producen en los trabajadores las guardias, el incremento del grado de violencia en los familiares de los pacientes, la falta de insumos, los bajos salarios y el desborde de turnos, ante la demanda de obras sociales y planes prepagos.
Los efectos de esas situaciones generan vulnerabilidad. Dicho de otro modo, el clima “te vuela la cabeza” y para irse a otra galaxia el escape es el propofol, el fentanilo y un combo de sicofármacos. Los llaman “los viajes controlados”.
“Chicas, despúes de la guardia nos vamos a Disneylandia”, escuchó una noche, atónito, un enfermero que no estaba invitado a la reunión.
En febrero un auxiliar del Hospital Rivadavia y de la fundación Favaloro, Alejandro Salazar apareció sin vida en su departamento del barrio de Palermo. En ese lugar se encontraron ampollas de anestesia robadas de la farmacia del Hospital Italiano.
Dos médicos de este hospital están involucrados en una de las causas por los faltantes de drogas. El caso emblemático es el de Delfina Lanusse, de 30 años, que declaró sus adicciones y la participación en fiestas privadas con varios de sus compañeros. Uno de los jefes de ese sanatorio le prohibió a “Fini” -el apodo de la anestesióloga- la entrada al quirófano. En ese mismo centro de salud, varios presidentes de la Nación fueron atendidos en otras épocas, así como personalidades de alto perfil de la Argentina. El actual ministro de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quiroz ejerció allí durante años sus tareas como profesional.
“En todos los hospitales hay uno o más casos de adicciones –revela uno de los jefes del Fernández- y mucho, además de bridarles consejos personales, no podemos hacer. Podemos revisar uno a uno al personal de seguridad o a los empleados administrativos, pero no a un jefe de cirugía, a un cardiólogo o a una pediatra”.
Según pudo establecer Noticias Urbanas en al menos media docena de nosocomios, públicos y privados, los anestesistas “llegan sobre la hora” a las intervenciones de quirófano. Una modalidad conocida como “guardia pasiva”. O sea, estás en tu casa y salís volando para el hospital cuando hay una intervención y eso expone la fragilidad del sistema.
La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, que tiene a cargo el registro de ese cuerpo especializado, fue bastante liviana. “Somos los primeros que queremos que esto se aclare”, convinieron. Algo parecido al recurrente chamuyo de “que se investigue hasta las últimas consecuencias”.
Desde la Legislatura porteña, el presidente de la Comisión de Salud, Juan del Gaiso (CC), juega a las escondidas y no tiene ningún comentario. Una integrante de ese mismo cuerpo parlamentario, la periodista Deborah Pérez Volpin, en 2018 fue a hacerse un estudio de rutina y falleció en su transcurso. El endoscopista fue condenado a tres años de prisión, una pena excarcelable, mientras que la anestesista fue sobreseída.
El ojo clínico alcanza, diría una vieja médica que actuó como perito siquiatra del poder judicial. Ana María C. desconfiaba de los anestesistas y, a pesar de ser médica, nunca quiso arriesgarse a realizarse una operación porque decía que la anestesia le podía provocar una trombosis, técnicamente un bloqueo grave del flujo de sangre.
