ADPRA alertó por el estado del PAMI
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), presidida por María Rosa Muiños, manifestó su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI). En un comunicado oficial fechado el 15 de abril de 2026, ADPRA advirtió que esta crisis afecta directamente el derecho a la salud de las personas mayores, cuya cobertura depende del acceso a beneficios jubilatorios o previsionales.
Desde distintas Defensorías del país se ha registrado un aumento sostenido de reclamos relacionados con demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos, falta de acceso a medicamentos e insumos, discontinuidades en prestaciones de salud y rehabilitación, así como problemas en la asignación y funcionamiento del sistema de médicos de cabecera. Además, se denuncian dificultades en la relación con prestadores de servicios de salud vinculadas a condiciones de contratación y pago, y la existencia de deudas millonarias del Gobierno Nacional con estos prestadores.
Uno de los focos de tensión está en la implementación de la resolución RESOL-2026-1107-INSSJP-DE, que unifica el nomenclador y concentra la retribución de los médicos de cabecera en un pago por cápita. Esta medida ha provocado una reducción de ingresos superior al 50% para los profesionales, quienes han declarado un paro nacional y advirtieron que abandonarán la cartilla si no se revierte la situación. A este problema se suma una deuda millonaria con prestadores de medicina, odontología, óptica y farmacia, que en algunos casos acumula más de seis meses de atraso.
ADPRA señala que el origen de esta crisis radica en decisiones tomadas por la conducción del INSSJP-PAMI que carecen de previsibilidad y presentan dificultades de implementación, afectando tanto a los prestadores como a los afiliados. El desfinanciamiento del organismo impacta especialmente en las personas mayores, generando situaciones de vulnerabilidad que el Estado debe revertir con urgencia.
En este marco, la Asociación exhortó a las autoridades a adoptar medidas urgentes que incluyan la regularización de los pagos adeudados a prestadores, la derogación o revisión de la resolución polémica en diálogo con los profesionales de la salud, y la garantía de continuidad en tratamientos, medicamentos e insumos en todo el país. También pidió restablecer la previsibilidad y transparencia en el financiamiento y contratación, asegurar una retribución justa y oportuna, garantizar canales de atención personalizada para los afiliados y promover la articulación entre niveles nacionales y locales.
Finalmente, ADPRA advirtió que la persistencia de esta situación constituye una vulneración concreta y actual de los derechos constitucionales de los adultos mayores, por lo que consideró “impostergable la adopción de medidas urgentes, coordinadas y sostenidas que permitan revertir el escenario actual y garantizar condiciones dignas de atención”.
