Abren la caja negra de Adorni: la Justicia analiza todos sus movimientos de fondos
La Justicia federal dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y financiero del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo y alcanza también a su esposa, Bettina Angeletti, así como a una empresa vinculada a ambos.
La decisión judicial se tomó a partir de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien busca avanzar en el análisis patrimonial del funcionario. El objetivo central es “reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera” de la pareja y verificar el origen de los fondos declarados.
Con el levantamiento del secreto, los investigadores podrán acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, consumos con tarjetas, inversiones, créditos y movimientos financieros. La medida también habilita a contrastar esos datos con las declaraciones juradas presentadas por el funcionario ante los organismos de control.
La resolución incluye además a la firma “AS Innovación Profesional”, propiedad de Adorni y su esposa, y se extiende a otras personas mencionadas en la causa como presuntas prestamistas o acreedoras. En ese punto, la Justicia busca determinar si contaban con la capacidad económica para respaldar las operaciones en las que aparecen involucradas.
Uno de los focos del expediente está puesto en distintas operaciones inmobiliarias y financieras bajo análisis, entre ellas la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La investigación intenta establecer si esas transacciones se corresponden con los ingresos declarados o si existen inconsistencias patrimoniales.
El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti y AS Innovación Profesional, propiedad de ambos, para investigar cuentas, tarjetas, inversiones y movimientos de fondos desde 2022. pic.twitter.com/EqdwWyhGeN
— Corta (@somoscorta) April 9, 2026
El pedido del fiscal se apoyó en elementos ya incorporados a la causa, como informes registrales, escrituras, declaraciones testimoniales y documentación patrimonial. En ese marco, la ampliación de medidas apunta a profundizar la pesquisa y consolidar pruebas sobre la evolución económica del funcionario antes y después de su ingreso a la función pública.
El levantamiento del secreto bancario y fiscal constituye un paso clave dentro del expediente, ya que permite a la Justicia acceder a información que normalmente está protegida por ley. Este tipo de medidas suele adoptarse cuando existen indicios suficientes en una investigación penal y resulta necesario analizar en detalle los movimientos financieros de los involucrados.
Con esta decisión, la causa entra en una nueva etapa orientada a esclarecer si hubo irregularidades en el patrimonio del jefe de Gabinete. El avance judicial se produce en un contexto de creciente exposición pública del caso, que podría derivar en nuevas medidas a medida que se incorporen datos sobre las operaciones económicas bajo sospecha.
