Control anual obligatorio para automotores de más de tres años

Con el año ya cerrándose, las voluntades más puestas en los brindis y el espíritu más vacacional, los diputados de la Ciudad comenzaron la sesión extraordinaria del día jueves 21 de diciembre más temprano que de costumbre. Para las 18.30 ya estaba comenzando el tratamiento de la ley del diputado de Juntos por Buenos Aires, Diego Santilli, que autorizaría las cocheras móviles, y para las 18.40 ya se estaba debatiendo la Ley de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El proyecto de ley fue defendido por el diputado Jorge San Martino (Recrear). En una dinámica ágil, los legisladores introdujeron modificaciones y prontamente con 45 votos, 44 a favor y 1 en contra (de Gerardo Romagnoli, Autodeterminación y Libertad) fue aprobada la ley de verificación técnica obligatoria a automotores radicados en la Ciudad con más de tres años de antigüedad o más de sesenta mil kilómetros. La iniciativa propone la revisación anual y multas para quienes no la hagan.

Según los fundamentos del proyecto, el costo de la VTV será de 60 pesos y se tendrá que realizar en los cinco centros de verificación que la Comuna deberá concesionar. Con relación a las multas, prevé multas de entre 500 y 1.000 pesos para quien incumpla la normativa.

Sin embargo, el propio San Martino señaló que se exime del pago del control a propietarios que "presenten el impuesto a la patente automotor al día". "Con esta ley, la Ciudad está dando un gran paso, porque al hacer obligatoria la verificación podremos aumentar los controles", agregó.

El ex jefe de Gobierno, Enrique Olivera, quiso introducir la modificación sobre el artículo que prevé que una sola empresa verifique, pero su propuesta no fue aceptada.

“El sistema debe adecuarse a la mayor comodidad de los propietarios de vehículos, evitándoles insoportables esperas y altos costos. Lo atinado sería descentralizar la realización de la verificación técnica en múltiples talleres autorizados, siempre y cuando incorporen el equipamiento tecnológico apropiado y se sometan a un sistema permanente de inspecciones”, agregó el diputado.

El legislador Jorge Enríquez, coautor de la ley de verificación técnica vehicular, consideró que ésta "promueve tanto la seguridad vial como un medio ambiente sano”.

El otro tema del día que despertó gran interés en los vecinos que invadieron el recinto y el frente de la Legislatura fue la Plaza de Boedo. Evangelistas por un lado y UPCN, por el otro, como barras bravas defendían sus posturas antagónicas y muy poco cercanas al diálogo. En el centro del debate, los legisladores de la Ciudad intentaban expresar sus posiciones entre el mar de gritos. Los diputados debían resolver cuál sería el destino del espacio de Boedo, si la plaza que querían los vecinos o entregárselo a una iglesia evangélica que decía haber señado el predio. Finalmente, luego de idas y vueltas, fue aprobada en segunda lectura la expropiación a favor del espacio verde.

La votación fue aplaudida dentro y fuera del recinto. Mientras que en la calle los miembros de la iglesia evangélica rezaban en ronda tomados de las manos.

Tras diez minutos de interrupción, la Legislatura porteña sancionó las leyes de Titularización y de Procedimiento de llamado a Concursos tendientes a regularizar la situación de los trabajadores del sistema educativo porteño de nivel terciario, presentadas por Ana María Suppa (Frente para la Victoria).

Suppa destacó "la importancia del tratamiento simultáneo de ambas leyes" y consideró que "así como es indispensable contar, en adelante, con una Ley de Concursos que fije reglas claras de promoción de los cargos alentando la elevación de la calidad educativa, también es necesario dictar, mirando retrospectivamente, una Ley de Titularización que haga justicia con los cientos de trabajadores y trabajadoras que arrastran su condición de interinos desde hace años, por exclusiva responsabilidad de un Estado –subrayó- que no cumplió con su deber de llamar oportunamente a concurso".

Por otra parte, la obra "Chacareros", de Antonio Berni, volverá finalmente al Museo Eduardo Sívori, gracias a que la Legislatura porteña resolvió un conflicto de cuarenta años que arrastraba el ex Concejo Deliberante con el museo de la Ciudad por la propiedad una serie de obras de arte. El texto aprobado por el cuerpo autoriza a las autoridades de la Legislatura a suscribir un convenio con el Ministerio de Cultura porteño en el que se enunciará la devolución de las piezas y se cerrará el reclamo por parte del Sívori.

La diputada Inés Urdapilleta (Frente para la Victoria), principal impulsora de la restitución del patrimonio por parte de la Legislatura, destacó la importante labor del cuerpo: "Después de tantos años de conflicto, esta Legislatura, en un gesto sin precedentes, reconoce el patrimonio del Sívori. Gracias a la devolución el museo podrá completar su colección con piezas emblemáticas del acervo cultural porteño".

Entre las obras que reclamaba el museo como suyas y que permanecieron hasta ahora en la sede parlamentaria se encuentran además: El Rodeo, de Ángel Della Valle; Dama porteña, de Prilidiano Pueyrredón; En el fogón, de Carlos Ripamonte; Mujer sentada, de Héctor Basaldúa y Paisaje, de Lino Spilimbergo.

En tanto, ya más cerca de la hora de ir al Salón Montevideo, donde se haría el brindis de fin de temporada legislativa, se aprobó un proyecto del diputado Helio Rebot, que declara la emergencia de la zona sur y crea un fondo para realizar obras de saneamiento e infraestructura.

La Legislatura aprobó también un proyecto de ley presentado por el macrismo, que busca garantizar mejores condiciones edilicias para las escuelas de gestión estatal de la Ciudad, a fin de que puedan lograr un mejor desarrollo institucional.

La ley, de autoría de los diputados Marcos Peña, Gabriela Michetti y Marcelo Godoy, prevé la creación de un Registro de Inmuebles Alquilados del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del proyecto es el de establecer un procedimiento de control y transparencia en el alquiler de los inmuebles que son ocupados por escuelas públicas, así como sobre el resto de los inmuebles que el Ministerio de Educación destina a otros fines.

Por la iniciativa, la zona contará con recursos propios que permitirán realizar obras que permitan lograr el anhelado equilibrio con la zona norte. “Es hora de dejar de hablar del sur y de llevarle soluciones concretas a los vecinos”, expresó Rebot, al tiempo que agregó: “la asignación de recursos para el sur es prioritaria y constituye un acto de justicia y reparación histórica, que permitirá su desarrollo económico, promoverá inversiones privadas y mejorará la calidad de vida de los vecinos de la zona”.

El patrimonio del fondo estará integrado por “el recupero o reciclaje de aquellos aportes financieros destinados a diversos emprendimientos, los préstamos que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e internacionales y los aportes provenientes del excedente presupuestario anual que se determinen con arreglo a las normas en vigencia”, explica la ley.

Por último, se aprobó la designación de los casi 40 controladores de faltas propuestos por el Poder Ejecutivo y se reservaron la aprobación de dos personas, entre ellas la ex responsable legal del área de inspecciones porteñas durante Cromañón, María Angélica Lobo.