Los PRO no quieren otro caso Ugolini
Ante las críticas surgidas de varias ONG?s y de legisladores de la oposición, las principales voces del PRO vinculados al ámbito judicial tomaron la palabra y salieron a respaldar al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en su decisión de derogar el decreto del año 2003 en el que se establecía una serie de procedimientos para la propuesta de candidatos a cubrir cargos como jueces del Tribunal Superior de Justicia, Fiscal General, Defensor General y Asesor Tutelar General.
?El cambio de normativa es acertado, ya que la autorrestricción que suponía el decreto anterior duplicaba los procedimientos existentes y sólo provocaba dilaciones innecesarias. El conflicto de poderes desatado por el entonces nombramiento Daniela Ugolini en la máxima instancia judicial es una prueba del retroceso que suponía atenernos a la normativa anterior?, afirmó el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, Gerardo Ingaramo.
El legislador, también sostuvo que ?la decisión de Mauricio Macri es jurídicamente correcta?, y remarcó que ?el único efecto práctico del decreto anterior era duplicar procedimientos por cuanto la publicidad y las objeciones referidas a los candidatos están previstas por ante la Legislatura Porteña?.
Respondiendo a la carta presentada por las ONG?s en las que se cuestionaba la derogación y apoyaba el antiguo decreto fundamentando la posición en que la anterior normativa permitía mayor transparencia y democratización del proceso de designación de las más altas autoridades del Poder Judicial de la Ciudad, el subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, aseguró que ?la transparencia en la designación de Jueces del Tribunal Superior de Justicia está garantizada?.
?La derogación del decreto 1620/03 no implica, bajo ningún concepto, que se cercene, se altere o menoscabe la participación ciudadana en el proceso de designación de los integrantes tanto del Alto Tribunal como del Fiscal General, del Defensor General y del Asesor Tutelar del Ministerio Público?, afirmó Presti.
El Subsecretario de Justicia, también destacó que en base al fallo del TSJ sobre el conflicto de poderes ?quedó perfectamente establecida la potestad del Poder Ejecutivo de elevar a la Legislatura para su tratamiento la candidatura de los integrantes a las máximas instancias judiciales?.
?Debe darse por descontado que al momento de elevarse cualquier propuesta para cubrir las máximas instancias judiciales, el Poder Legislativo contará con todos los elementos de juicio necesarios para debatir la idoneidad del candidato propuesto, su compromiso con la democracia y los Derechos Humanos, sus declaraciones juradas de bienes y su situación impositiva?, subrayó.
Y concluyó: ?Cualquier ciudadano u organización que quiera apoyar o impugnar al candidato sugerido por el Poder Ejecutivo de la Ciudad para ocupar un cargo en las máximas instancias judiciales podrá hacerlo sin problemas ya que están previstos los mecanismos para tales circunstancias?.
