Todos hablan de un veto que aún no fue
El Poder Ejecutivo, si bien estudia la posibilidad, aún no confirmó oficialmente que vaya a vetar total o parcialmente el nuevo Código Contravencional sancionado el viernes pasado por la Legislatura porteña. Incluso fuentes del Gobierno aseguran que el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, explora otras vías para saldar algunos problemas técnicos y de implementación que podría tener la flamante norma. Sin embargo, algunos legisladores salieron al cruce del posible veto. Algunos por precavidos, otros para abrir el paraguas antes de que llueva y otros para felicitar de antemano al jefe de Gobierno.
El vicepresidente segundo de la Legislatura, Miguel Talento (Frente para la Victoria), aseguró que "el Código Contravencional que se terminó de aprobar es decididamente más progresista que el proyecto que envió Ibarra en febrero. Habría que analizar cuáles serían los posibles vetos, ya que en su proyecto de reforma enviado a la Legislatura, Ibarra no incluyó la pena de trabajo de utilidad pública y en más del 70 por ciento de las figuras contravencionales se penaba con arresto, y el resto con multas y comiso".
Talento agregó: "Ibarra podría haber ido estudiando las dos primeras partes que fueron sancionadas con anterioridad, sin embargo no se pronunció al respecto. Lo importante es que para aprobar esta norma ha habido un amplio debate en el cual han estado representados los miembros de su partido".
En el mismo sentido, la presidenta del Bloque Unión para Recrear Buenos Aires, Fernanda Ferrero, afirmó que "el estudio, la realización y la aprobación del nuevo Código nos demandó ocho meses de intenso trabajo, por lo que no se puede pensar en realizar un análisis más profundo de algunos artículos, como quiere Ibarra, porque nos llevaría toda la vida", sostuvo irónicamente Ferrero.
Además, Ferrero sostuvo: "Aníbal Ibarra deberá contarle a los vecinos cuál será el lugar donde posiblemente se instalará la zona roja, para que éstos estén prevenidos de semejante zafarrancho que les tocará vivir. Todos aquellos vecinos que vivan en el lugar en que se quiere instalar la zona roja deberán empezar a vender sus propiedades".
Por su parte, el legislador de centroizquierda, Ariel Schifrin (Confluencia), adelantó que acompañará "los vetos parciales que realice el Gobierno de la Ciudad aunque estén fundamentados en motivos técnicos" y reiteró que "el Código de Convivencia es inaplicable".
Schifrin pidió, también, "la urgente creación de la Justicia Vecinal para resolver las contravenciones bien tipificadas, que son el 85 por ciento de los problemas cotidianos, de baja intensidad, que requieren primero de la mediación y recién en una segunda instancia, de la sanción. De lo contrario, tendremos un código sin contenido que no es más que una cáscara vacía".
En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires), aseguró que comparte "algunos criterios del jefe de Gobierno en cuanto a los resultados obtenidos con este código, pero lo que resulta llamativo es que la propia tropa legislativa de Ibarra desconoció muchos de los temas que él había propuesto en su proyecto".
"Sin embargo debemos destacar algunos avances sobre los que hablamos en estos días", añadió el legislador macrista, quien, además, dijo que "la prueba contundente de la esquizofrenia del "progresismo" y la izquierda, fue que votaran en contra de la norma sobre oferta y demanda de sexo en la vía pública en aras de una pretendida libertad para las trabajadoras sexuales, pero lo inconcebible es que también votaron en contra el artículo por el que se castigaba a quienes las administran, financian o regentean; un verdadero disparate de los que se arrogan la defensa de los derechos humanos".
"Sin salir de mi rol opositor al gobierno de Ibarra, no puedo menos que reconocer que tal vez allí reine un poco de cordura para vetar algunos de los puntos que puedan generar más problemas que soluciones", concluyó Enríquez.