Piden que se investigue si hubo irregularidades con la Obra Social de la Legislatura
Este lunes, el diputado porteño Juan Manuel Velasco (Unión para Recrear Buenos Aires), se sumó al pedido del gremio AUPLEA y solicitó que se investiguen las presuntas irregularidades que, desde 1997, habrían ocurrido en el manejo de la Obra Social de la Legislatura.
El legislador envió dos cartas: una dirigida al vicepresidente primero del Parlamento porteño, Santiago de Estrada, y otra al secretario administrativo, Oscar Moscariello. Allí, textualmente, les pidió que tengan a bien "iniciar una investigación administrativa a los efectos de aclarar las denuncias presentadas por el sindicato AUPLEA en el diario NOTICIAS URBANAS, el pasado 22 de enero, respecto del funcionamiento de la Obra Social de la Legislatura. Motiva este pedido la necesidad de avanzar en dotar de la más absoluta transparencia a la administración de esta Casa, objetivo que estoy convencido compartimos, para lo cual es necesario aclarar y corregir todos los posibles desvíos que pudieran existir".
Los sindicalistas habían denunciado que desde diciembre de 1997 a marzo de 1998 se les efectuó a los trabajadores de la Legislatura "una retención del 3 por ciento de sus salarios y de aportes patronales de la Ciudad", aunque aún no se había contratado a la prestadora de medicina prepaga Provincia Salud. Según AUPLEA, ese dinero habría sido depositado en un plazo fijo a nombre del entonces secretario administrativo, Ariel Schifrin.
También denunciaron que "hasta abril o mayo del 2001 se pagaron 13 cuotas anuales a Provincia Salud", en lugar de 12. Además, remarcaron varias irregularidades vinculadas con la constitución del Consejo de Administración del Servicio de Salud de la Legislatura. Entre ellas, se cuenta el cobro de 1.000 pesos mensuales por parte de sus miembros, a partir de un decreto firmado por el ex vicepresidente primero Cristian Caram. Este hecho va en contra de la norma que organiza el Sistema de Salud en el Parlamento de la Ciudad -ley 930- y que dice expresamente que ninguno de los integrantes del Consejo de Administración "percibirá remuneración por el desempeño de sus funciones, ni el reconocimiento de gastos de representación".
