Un juez federal se dispone a autorizar las tragamonedas
Los rumores arreciaron durante los últimos días. Un juez federal, que ya fue cuestionado por la Corte provincial por fallos similares, se disponía a autorizar nuevamente la instalación de máquinas tragamonedas en los bingos y en las agencias hípicas, que fueron removidas la última vez por orden del juez Marcelo Vázquez, del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero, más allá de los rumores, que muchas veces se muestran inexactos, en esta ocasión la historia de las tragamonedas porteñas posee tantos vaivenes y tantas marchas y contramarchas que cualquier cosa puede ser posible
UN CAMINO LARGO Y SINUOSO
En mayo del año pasado, el juez federal de La Plata Julio Miralles, que sería el juez que se dispone a volver a autorizar las "tragaperras" en la Ciudad, concedió sendos recursos de amparo -interpuestos por empleados de los bingos y de las agencias hípicas- que permitieron el funcionamiento de las maquinitas de la discordia en los bingos y en las agencias hípicas situadas dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero el 7 de abril último la abogada Mónica Lubertino solicitó que se investigue si existe una asociación ilícita, que estaría conformada por Antonio Lacquaniti Nazareno, que explota cuatro bingos y siete agencias hípicas en la Ciudad, el Juez Federal en lo Civil Nº 4 de la Ciudad de La Plata, Julio César Miralles y el abogado de los amparistas, Pablo Fernando Cuomo . La organización delictiva que liderarían los tres nombrados tendría como finalidad habilitar el funcionamiento de máquinas tragamonedas en los establecimientos del empresario, violando la legislación vigente e incluso algunos fallos judiciales.
Hablando de fallos judiciales, el 30 de octubre de 2001 la jueza Clara Do Pico dictaminó la derogación de un decreto del presidente de la Rúa que autorizaba el funcionamiento de las tragamonedas en la Ciudad, en duros términos. "Pareciera que el decreto 494 y su implementación a través de la resolución 206 de Lotería, sinuosamente intentan burlar la legislación local vigente, mediante el artilugio de considerar que los tragamonedas son una innovación tecnológica de la raspadita", describió la jueza en su fallo.
Pero, anteriormente, apenas unos días antes, el 11 de Octubre del mismo año, el titular de la Lotería Nacional, Leandro Alciati, debió regresar de apuro al país tras ser denunciado por la legisladora nacional Alicia Castro, que lo acusó de que el 7 de septiembre de 2001, la entidad que presidía este cordobés -amigo del ministro de Interior Ramón Mestre y ex presidente de Lotería de Córdoba- , habría firmado una resolución secreta para otorgar en forma directa unas 4.000 máquinas tragamonedas a Lacquaniti Nazareno.
La Cámara Federal platense cuestionó con extrema dureza -en marzo de este año- el fallo de Miralles, al considerar que la competencia en esta cuestión la tiene sólo la Corte bonaerense. Pero en octubre del año pasado las agencias presentaron una demanda igual a la presentada ante Miralles, esta vez ante la justicia civil y comercial provincial. Ésta fue resuelta favorablemente por el juez platense Tomás Ide con una medida cautelar que luego debió ser anulada por la Corte bonaerense.
