Modificaron la Ley de Audiencias Públicas

La Legislatura porteña aprobó por amplia mayoría un proyecto por el cual se introducen modificaciones a la Ley de Audiencias Públicas. Los cambios fueron realizados a partir un proyecto del diputado Rodrigo Herrera Bravo (Compromiso para el Cambio) y una iniciativa de la legisladora Alicia Caruso (Frente Grande).

"El proyecto aprobado se basa en las premisas del debate participativo, la atención a los horarios de convocatoria, el tratamiento del problema en el mismo lugar en que se genera y la ampliación de la nómina de medios de comunicación utilizados para su difusión", explicó Herrera Bravo.

Hasta el momento, las audiencias públicas se realizan en dependencias del Gobierno de la Ciudad alejadas de la zona en donde se origina el conflicto que la convocó, y en horarios que complican la asistencia de quienes trabajan.

La nueva norma modifica el primer artículo de la Ley 6, el cual a partir de su promulgación establecerá que "la audiencia pública constituye una instancia de participación y debate en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan interés particular expresen su opinión y tomen conocimiento del parecer de los funcionarios respecto de ellas".

También se cambió el artículo 39, por lo que "la autoridad convocante puede por sí, o a pedido de alguno de los participantes, invitar a testigos y expertos, nacionales o extranjeros, a participar como expositores en la audiencia pública, a fin de que faciliten la comprensión de la temática objeto de la audiencia. Asimismo, en caso de ser necesario, puede convocar de acuerdo a las disposiciones del artículo 63 de la Constitución porteña, a los funcionarios de los niveles y áreas competentes, los que deberán concurrir con carácter de inexcusable, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor".

Mediante la modificación del artículo 43 se estableció que "el organismo de implementación debe elevar al Presidente, para su aprobación, el lugar y horario de celebración de la audiencia, que deberá desarrollarse en el edificio del Gobierno de la Ciudad más próximo a la cuestión a tratar, y más accesible para participantes y público.

Además, se deberá publicitar la convocatoria con una antelación no menor a 20 días hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en, como mínimo, dos de los diarios de mayor circulación en la Ciudad, en días diferentes, durante un mínimo de dos días, a costa a la autoridad convocante; en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, durante un período de cinco días; en dos periódicos barriales de circulación en la zona de la ciudad acerca de la cual se debata en la audiencia; en la emisora radial de la Ciudad de Buenos Aires, durante un período de cinco días, en horarios diferentes". También se señala que, "en los casos precedentemente citados, (se debe) solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de sus organismos descentralizados, dé la más amplia difusión a la convocatoria en las zonas que pudieran verse afectadas por la temática de la audiencia".

Según el diputado macrista "actualmente, los pocos vecinos que concurren a las audiencias públicas lo hacen para hacerse escuchar por las autoridades competentes sin que exista un intercambio de ideas al respecto, lo que genera que no puedan tomar conocimiento de la opinión de los funcionarios sobre el tema".

"Por eso -agregó- queremos ir un paso más allá de la posibilidad de los vecinos de ser escuchados, y avanzar hacia una instancia en la que los funcionarios se vean obligados a expresar su posición cara a cara con los interesados, en lugar de simplemente recoger opiniones y luego expedirse al respecto puertas adentro".

En tanto, Caruso sostuvo que "lo más importante es que vamos a crear un área nueva como es la mediación y la facilitación. Ambas herramientas no buscan llegar a un acuerdo, sino que trabajan directamente sobre la construcción del consenso".

Además la diputada oficialista aclaró que "el pedido de archivo de Laura Moresi (también del Frente Grande) fue por algunas diferencias en el ordenamiento del proyecto a aprobar, pero finalmente pudimos llegar a un consenso".