La Legislatura tendrá la última la palabra
La calma parece momentánea. El fin de la tumultuosa audiencia pública que se llevó a cabo en el Teatro General San Martín el lunes y el martes, para debatir y analizar la reforma del Código Contravencional no cerró el debate de los diversos grupos en pugna. Cada uno de ellos tenía modificaciones para hacer que consideraban imprescindibles. La salida más elegante que encontró en su camino el secretario de Seguridad, Juan Carlos López, quien presidió la audiencia, para evitar la batahola que estuvo a punto de producirse en el Teatro, fue la de anunciar que las exposiciones se daban por finalizadas (todavía quedaban más de diez expositores) y que los seis proyectos de reforma del código serían analizados por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura porteña.
El debate y el escándalo quedaron atrás. Ahora las comisiones tendrán un plazo máximo de 120 días para consensuar un proyecto en común o enviar varios de ellos a la Legislatura para que sean tratados en simultáneo. Los seis proyectos que analizarán las comisiones son los presentados por el bloque de legisladores de Compromiso para el Cambio, el confeccionado por la legisladora ibarrista Laura Moresi, el del líder del Partido de la Ciudad, Jorge Giorno, el de la diputada de Unión para Recrear Buenos Aires, Silvia La Ruffa, el del ex legislador Julián Licastro y en las próximas horas se sumaría el del diputado macrista Jorge Enríquez, quien presentaría un proyecto propio.
Los nuevos proyectos que serán analizados por las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el macrista Helio Rebot y la de Justicia que lidera el integrante del Partido de la Ciudad, Julio de Giovanni, servirán para decretarle profundos cambios al Código Contravencional que se encuentra vigente desde 1998.
"Nosotros presentamos nuestro proyecto en la Legislatura el 19 de febrero y queremos debatirlo cuanto antes, porque si no se plantean cambios al actual los perjudicados directos son los vecinos", señaló el vicepresidente de Compromiso para el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, para luego agregar: "Este tema se sigue dilatando porque el gobierno de Aníbal Ibarra no quiere tratar las modificaciones que nosostros le presentamos en el recinto".
Las diferencias entre los proyectos son muy claras. Aunque los seis penan con mucha más severidad el delito de reincidencia, los parecidos parecen detenerse en ese lugar. El macrismo quiere que la mayoría de los infractores sean arrestados, el ibarrismo opina que hay que aplicarles fuertes multas, el de La Ruffa sostiene que los infractores deben realizar trabajos comunitarios y el de Licastro parece el más duro ya que pide cárcel para todos los delitos.
A primera vista, consensuar un proyecto en común no será una tarea sencilla. Sin embargo, un importante asesor de un legislador que participó en los debates aseguró a NOTICIAS URBANAS, que "se tendrá que llegar a un acuerdo cueste lo que cueste porque el Código debe cambiar y se deberá adoptar una posición intermedia entre lo que plantea el macrismo y lo que dice el ibarrismo". En este caso, el proyecto que quedaría a mitad de camino entre ambos sería el de La Ruffa. Sin embargo, nadie asegura qué desenlace tendrán los proyectos en las comisiones que los estudian.
Aunque los 23 legisladores macristas firmaron el proyecto presentado el 19 de febrero, no se descarta que en la próximas horas el radical que integra el bloque de Compromiso para el Cambio, Jorge Enríquez, reflote un proyecto propio que perdió estado parlamentario a fines de febrero y que hace hincapié en la figura del sospechoso que en la iniciativa lleva el nombre de "la presencia del acecho" para poder evitar los robos a casas de cambio y disminuir la cantidad de salideras o hurtos a la salida de los bancos.
