El kirchnerismo quiere traspasar ahora a la Ciudad los tribunales de los fueros civiles y comerciales
Solo unos días pasaron del despacho en la Cámara Alta del proyecto conocido como la Ley Conti para que los fondos judiciales de los fueros nacionales y federales con asiento en la Capital Federal pasen del Banco Ciudad al Nación. Y a pocas horas del dictamen de comisión, otro proyecto, también K, podría dejar en abstracto el polémico debate que, paros bancarios mediante y reiteradas críticas PRO, centraba en el vaciamiento de la entidad bancaria porteña la intención del Frente para la Victoria. Una iniciativa para convertir en juzgados porteños a los principales fueros nacionales generadores de fondos judiciales fue presentada por el senador por la Ciudad, Daniel Filmus.
El proyecto impulsado por quien fuera candidato a Jefe de Gobierno porteño en las últimas elecciones por el Frente para la Victoria propone en su artículo 1 la transferencia "a la jurisdicción del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las Cámaras Nacionales de Apelación y los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil y en lo Comercial de la Capital Federal y las Fiscalías y Defensorías Públicas de Menores e Incapaces actuantes antes dichos tribunales, con sus estructuras funcionales, presupuesto, patrimonio, infraestructura, medios materiales y recursos humanos, quedando comprendidos los jueces, fiscales, asesores, defensores y tutores públicos y los funcionarios, empleados y auxiliares que se desempeñan en los mismos".
A diferencia de otra iniciativa vinculada a transferencias judiciales impulsada tiempo atrás por Filmus, este proyecto no plantea el traspaso de competencias, directamente propone la mudanza completa de los fueros, el cambio en el cartel identificatorio de los edificios, sellos y membretes; simplemente donde hoy dice Poder Judicial de la Nación pasará a leerse Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para evitar la oposición de los magistrados, funcionarios y empleados de los fueros Civil y Comercial con asiento en la Capital Federal, la iniciativa garantiza "sus derechos constitucionales adquiridos de inamovilidad de grado y sede y de intangibilidad de sus remuneraciones, así como el régimen previsional aplicable, la obra social o cobertura de salud de la que resulten beneficiarios, el reconocimiento y cómputo de antigüedad, el régimen de licencias, justificaciones y franquicias, la observancia de idéntico trato y protocolo y todo otro beneficio de que gocen al momento del traspaso".
La propuesta de transferencia de los fueros ordinarios en lo Civil y Comercial de la Nación a la Ciudad también plantea que "una vez concluido el proceso de transferencia, los magistrados y funcionarios traspasados quedarán sujetos al régimen sancionatorio o disciplinario y al procedimiento de remoción establecido en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". En el articulado también se estipula que la ciudad "podrá reorganizar los tribunales transferidos y su competencia", pero "asegurando que la jerarquía, funciones y especialización de los magistrados resulten compatibles con las funciones asignadas".
Si bien el proyecto establece la transferencia completa de los fueros civil y comercial nacional, Filmus plantea la creación de una "Comisión de Transferencia de la Justicia Nacional en lo Civil y en lo Comercial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación", la cual tendrá a su cargo la implementación del proceso de traspaso. Dicha comisión estará integrada por representantes tanto de la justicia nacional como porteña, la Corte, el Tribunal Superior de Justicia, los Consejos de la Magistratura Nacional y de la Ciudad, el Ministerio de Economía de la Nación y de Hacienda de la Ciudad, y de los Ministerios Públicos de ambas jurisdicciones.
"Sin ignorar la necesidad de alcanzar consensos en el ámbito del Congreso de la Nación que permitan la sanción de leyes que hagan efectivo el reconocimiento de la autonomía constitucional de la Ciudad de Buenos Aires a través de un avance gradual, existe una experiencia y una capacidad institucional concreta en el ámbito de su Poder Judicial ?organizado de modo absolutamente compatible con el modelo nacional? que permite plantear este avance necesario a los fines de que el servicio de justicia, que indelegablemente debe prestarse de modo eficaz y en tiempo oportuno a los ciudadanos, sea transferido por la Nación", resalta Filmus en los fundamentos de su proyecto.
Y agrega: "Negar facultades ordinarias propias de los estados provinciales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires importaría, entonces, negar la igualdad entre pares; esa igualdad que exige reconocer iguales gobiernos para personas iguales y con idénticos derechos a los de sus vecinos".
De prosperar en el Senado la iniciativa K, el Poder Judicial de la Ciudad no sólo crecería en estructura y competencias, también significaría el principio del fin de la justicia nacional. Y, también, repercutirá en los fondos judiciales que hoy aspira conservar el Banco Ciudad ya que, transferidos los fueros nacionales, los depósitos judiciales deberían quedarse donde hoy están, en la Ciudad.
