Los legisladores se defienden
La puesta en conocimiento público del sistema utilizado en diciembre pasado, para nombrar 39 controladores más para la Unidad Administrativa de Faltas, trajo como consecuencia el cuestionamiento de la Legislatura y de algunos de sus diputados.
La diputada Marta Varela, es una de las afectadas al publicitarse el nombre de su asesor -Jorge Garayalde- como uno de los seleccionados para el cargo de controlador de faltas. En diálogo con NOTICIAS URBANAS, la legisladora de Recrear declaró: "En principio que quede claro que yo estoy de acuerdo en que todos los cargos sean por concurso. Pero en diciembre del año 2006 el Ejecutivo nos pintó la situación de faltas como un caos. Con un panorama de colapso inminente tuvimos que aceptar la decisión. Se nos dijo que iba a ser una situación temporaria y que se llamaría a concurso en los meses posteriores". Describiendo un contexto de corridas y apuros, Varela agregó, "Creo que el Ejecutivo tuvo los curriculums en fecha para ser analizados con propiedad. Si en la lista presentada hay personas con antecedentes no estudiados estarían en falta. En cuanto a mí, yo no recibí curriculums para estudiarlos".
Acerca de la inconveniencia de encontrar entre los seleccionados a su asesor, la diputada Varela comento que: "En su momento fui consultada al respecto por mi asesor y me pareció bien que se presente. Yo no pondría obstáculos en que una persona idónea se presente en una selección como de la que se habla. Pero la renuncia al cargo previo es una exigencia ética", aseguró. Al preguntarle si su asesor ya había renunciado la legisladora respondió, "Aún está a mi lado ya que todavía no ha sido llamado para tomar el cargo. Lo curioso es que el Ejecutivo no haya utilizado las herramientas que con tanta premura solicitó".
Otro sector afectado sería el macrismo. Se informó que el abogado Alberto Orlandoni -otro de los controladores nombrados- estaría vinculado al entorno PRO. Sobre este tema NOTICIAS URBANAS consultó al diputado Martín Borrelli. "En octubre de 2006, la Legislatura aprobó el aumento de controladores y recién dos meses después, en acuerdo con el Ejecutivo, la Legislatura cubrió los cargos. Estos quedaron sometidos al régimen general de la Ley Nº 471, de empleo público de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual los nombrados deben someterse al concurso público correspondiente (artículos 2º,4º, 6º y siguientes.)", explicó. Y agregó que: "La Legislatura no hizo más que seguir el temperamento que ya se había adoptado en el año 2001, cuando se disolvió la Justicia de Faltas y se creó la UACF. Aquellos que fueron inicialmente nombrados luego debieron pasar por un concurso, después del cual sólo 30 fueron designados y son los que han llegado hasta la actualidad".
En clara división de las aguas, Borreli sentenció en un comunicado de prensa, "Es absoluto resorte del Ejecutivo formular el llamado a concurso pertinente, resultando incorrecto que la Legislatura haya actuado de manera abusiva o fuera de derecho. Hasta tanto se produzca dicha instancia, los nombramientos son provisorios y dichas personas no cumplen funciones. En caso que el Ejecutivo detecte conflicto de intereses o incompatibilidades entre los nombrados, los mismos no podrán someterse al concurso".
Similar opinión manifestó el legislador Jorge San Martino. Hernán Pérez Demaría, asesor del diputado, también fue seleccionado. Desde el despacho se defendió a Demaría y se lo catalogó de un profesional idóneo. El punto de crítica para San Martino se radica en el apuro con que se pidió el apoyo legislativo. "Fue un trámite ordinario que debería haber pasado por la Junta de Ética, y ahí debería haberse valorado todos y cada uno de los postulados. Lamentablemente llegó en la última sesión a las 10:30 de la noche y no tuvimos posibilidades de hacer el análisis adecuado. Ahora está en manos del Ejecutivo realizar los concursos, que son los que efectivamente van a designar a la gente", comentó el diputado en radio Del Plata.
