Las universidades privadas, en pie de guerra con el gobierno porteño
En la última sesión del 2002 la Legislatura, al votar el Código Fiscal para el 2003, eliminó la exención que tenían las universidades e institutos de enseñanza privados en el pago de los ingresos brutos. Y como era de suponerse, las cámaras del rubro pusieron el grito en el cielo.
La Cámara Argentina de Instituciones Educativas Privadas (CAIEP), que aglutina a colegios y universidades particulares, consideró que el impuesto "resulta a toda luces un acción violatoria de la garantía constitucional de la libertad de enseñar y aprender".
Por su parte el director de las carreras de Educación y Comunicación Social de la Universidad del Salvador, Gustavo Martínez Pandiani, adelantó a la agencia DyN que el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) presentará un recurso judicial "por inconstitucionalidad de la norma" y le va a pedir al jefe de Gobierno Aníbal Ibarra "la revisión de esta resolución", ya que, argumentó, "es un avance impositivo desmedido, teniendo en cuenta la situación difícil de la casas de estudio".
La derogación de la exención fue uno de los artículos del Código Fiscal que despertó más discusión en su aprobación. Durante la sesión, el diputado Santiago De Estrada (PJ) afirmó que éste era "un verdadero impuesto a la educación" y que en el cobro del impuesto se incluía "no sólo las universidades privadas -algunas de las cuales puede pensarse que tienen recursos–, sino que también hay muchos institutos de enseñanza terciaria que pertenecen a organizaciones sindicales y brindan un servicio a los trabajadores". La alícuota es del 3 por ciento sobre las cuotas recaudadas.
Por su parte el presidente de la comisión de Educación del Parlamento porteño, Daniel Bravo (UCR), afirmó que las universidades privadas del distrito porteño "no son instituciones sin fines de lucro, no quieren aportar al sistema de recaudación de la Ciudad de Buenos Aires y cada vez que se les aplica un impuesto en el marco de la crisis no son solidarias".
