Cambios en la justicia por el traspaso de transportes

La abultada carga laboral de los tribunales porteños en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad generó históricamente reclamos de los jueces para que la política tomara cartas en el asunto. La última modificación de la Ley 7 algo hizo para responder a la demanda de la justicia, pero la creación de 9 juzgados de primera instancia sin ampliar el número de salas en la Cámara no fue suficiente. En este marco, y ante la posibilidad de concretarse la transferencia de la Nación a la Ciudad de todos los servicios públicos de transporte que funcionan exclusivamente en territorio porteño, los integrantes del fuero CAyT prevén un fuerte impacto en carga de trabajo, principalmente para los camaristas, por lo que comenzaron a plantear este problema por venir en ámbitos políticos en busca de una respuesta.

Si bien en la justicia porteña una de las alternativas que más apoyo tiene es la creación de una tercera sala en la Cámara CAyT, algo que se solicita hace tiempo y que dejaría conforme a varios jueces de primera instancia con aspiraciones a camaristas, en la política analizan otras vías para reducir la carga laboral de la segunda instancia del fuero con mayor impacto en la gestión porteña.

?Hay un planteo de fondo que es que la Cámara hoy tiene funciones de primera instancia y no sólo funciona como instancia revisora. Trabaja igual que un juzgado con gran carga laboral. Hace tiempo que se pide una reforma que les quitr carga laboral a los camaristas. Si bien por ahora está todo muy verde, se está trabajando con la hipótesis de los traspasos y el impacto en la Cámara. Entre las opciones posibles la más compleja es la creación de una tercera sala. Hay otras posibilidades más viables vinculadas al procedimiento contencioso?, reconoció a NU una voz PRO de influencia en el proyecto judicial macrista.

Una de las alternativas que el macrismo se encontraría analizando para reducir la carga de los camaristas se centra en crear nuevas secretarías, e incluso crear secretarías especiales (secretarías tributarias por ejemplo) con algunas facultades especiales para los secretarios. Otra posibilidad que se estudia en el PRO se relaciona con los recursos directos que tramitan en la Cámara y que obligan a los camaristas a trabajar los expedientes como si fueran jueces de primera instancia (recabar prueba, realizar audiencias, etc).

Actualmente los recursos directos más numerosos en la Cámara CAyT son los que se plantean contra decisiones sancionatorias impuestas por la autoridad de aplicación de las Leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial en el ámbito de la Ciudad. También se plantean recursos directos contra decisiones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, contra cesantías o exoneraciones de empleados públicos; contra sanciones disciplinarias aplicadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas; contra las resoluciones denegatorias de la imposición de un nombre dispuesta por una autoridad administrativa en el ámbito de la Ciudad; contra los actos emitidos por el Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad; e incluso siguen tramitando recursos contra decisiones de la ex Caja de Seguridad Social para Abogados porteños.

Si se concretan los traspasos del subte, los colectivos y el tranvía, las acciones en materia de Defensa de Consumidores y Usuarios y contra decisiones del Ente se van a incrementar. Si bien aún no se cuenta con una proyección certera del impacto que los traspasos del transporte pueden tener en la justicia porteña, es innegable que va a aumentar el número de causas. Quitarle a la Cámara los recursos directos es una de las opciones que maneja el PRO para aliviar la demanda de justicia en esta instancia.

Quién se ocuparía de los planteos vinculados a Consumidores y Usuarios y Ente Regulador de Servicios Públicos es uno de los interrogantes que circulan en los tribunales y los pasillos legislativos.

?Pueden ser competencia de la primera instancia, o, así como se crearon en la última modificación de la Ley 7 tribunales Penales, Contravencionales y de Faltas especializados en minoridad, bien se puede hacer algo similar en el fuero Contencioso con tribunales especiales en materia de Consumidores y Usuarios. También se está analizando el concretar los tribunales vecinales previstos por la Constitución de la Ciudad y llevar estos casos a menor cuantía. Y en el proceso de descentralización de las comunas, también podría ser opción disponer de oficinas especiales para receptar este tipo de casos y aliviar el trabajo de la Cámara ?algo así como la oficina de atención y denuncia que desplegó el Ministerio Público y que agiliza la labor de las fiscalías penales-. Todo estas son por ahora opciones que se están analizando?, reconoció una voz del oficialismo porteño.

Sea cual sea la opción sobre la cual se avance, una modificación al Código Contencioso Administrativo y Tributario porteño o un retoque a la Ley 7 (Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad), los cambios en el Contencioso requerirán como mínimo de 31 votos positivos en la Legislatura.