Carelli se enfrenta con Cartañá por los parquímetros
La decisión fue espontánea: apenas Enrique Carelli, subsecretario de Seguridad Urbana de la Ciudad, habló tras conocerse el fallo judicial, en el resto del gobierno paralizaron todos los mecanismos de respuesta que tenían planeados. Entonces el funcionario miró al frente, encaró los micrófonos y siguió haciendo declaraciones. Enfrente tiene a otro experto en la materia, el ex ombusmdan porteño Antonio Cartañá, promotor de la decisión judicial que obliga al Gobierno de la Ciudad a relicitar dentro de 60 días el servicio de parquímetros.
Entre ellos existe una diferencia de interpretación del fallo judicial: Cartañá sostiene que las prórrogas al contrato no son válidas y por lo tanto los automovilistas pueden iniciarle un juicio a las empresas SEC y STO para que les devuelvan lo que pagaron desde 2001, y Carelli señala que todo sigue igual.
Asimismo, tanto el subsecretario como el ex ombusdman tienen contradicciones entre sus declaraciones del lunes y las del martes. Cartañá había sostenido que el juez Osvaldo Otheguy había anulado las prórrogas y, por lo tanto, no debía cobrarse el servicio hasta tanto se relicite, y Carelli, al responderle al ex ombusdman, había dicho que el fallo era "insostenible" y que por tal motivo iba a apelarlo en la Cámara. Ahora Cartañá sostiene que el juez no se expidió sobre qué pasará hasta tanto se readjudique el servicio y Carelli dice que sólo apelará el plazo para realizar la nueva licitación.
"El juez entendió claramente que los contratos están vigentes y que es un servicio que se tiene que prestar hasta tanto se llame a licitación, incluso nos impuso un plazo que es lo único que nosotros vamos a recurrir a la medida. Nos parece que es exiguo 60 días, pediremos 180. Y no vamos apelar nada más del fallo", expresó el subsecretario de Seguridad Urbana.
El funcionario destacó: "El cuadro real es que los contratos están vigentes, las empresas pueden acarrear vehículos que están estacionados y tienen vencidos el parquímetro y pueden imponer una multa a través del policía adicional que tienen arriba de la grúa. Ésa es la situación. El juez ha fallado primero en el sentido de rechazar la demanda que pretendía que las empresas no puedan percibir cobro alguno".
"Existió una prórroga por un mes, pero en Derecho Administrativo este tipo de prórrogas no existe. Esto que está ocurriendo se llama días de hecho. Ellos se quedaron porque se quedaron, porque nadie los echó", indicó Cartañá, quien además agregó: "El fallo menciona la Convención Interamericana contra la Corrupción, que tipifica como acto corrupto el tener un servicio público sin licitación pública".
"Los contratos vencieron en el 2001 -explicó Carelli-. Luego se inició un proceso de confección de pliegos para llamar a una licitación durante el año 2002. En el momento en que podíamos haberlo hecho, la Ciudad no llamó a ninguna licitación, la economíabno estaba en condiciones como para resistir ningún proceso licitatorio. Hubiera sido irresponsable hacerlo en ese momento. A partir de ahí en el 2003, discutimos si se hacía por administración o por concesión (...) tampoco hay que olvidarse en que en un año electoral como el 2003 complicaba llamar a una licitación que puede comprometer a la ciudad en cinco o diez años".
