Policías uniformados intimidaron a la principal testigo de la Masacre de Floresta
En la tarde de este miércoles en el despacho del defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad Gustavo Lesbegueris, organismos de derechos humanos y familiares de los tres jóvenes asesinados en la Masacre de Floresta realizaron una conferencia de prensa para denunciar que la hija de la principal testigo de la causa, Sandra Bravo, fue amedrentada por efectivos de la Policía Federal que se trasladaban en patrulleros de la comisaría 43°. Es decir por miembros de la fuerza de seguridad que se desempeñan en la misma seccional en que lo hacia Juan de Dios Velaztiqui, el presunto asesino de Maximiliano Tasca, Adrián Matassa y Cristian Gómez.
Los actos de intimidación contra la joven de 13 años, que se repitieron en cuatro ocasiones en la última semana, consistían básicamente en pedirle documentos y palparla de armas. En una de las oportunidades, la chica se negó a ser requisada por dos policías hombres, motivo por el cual una mujer descendió del patrullero y la revisó. Los familiares sostienen que de esta situación se desprende que no es un "loquito" el que está intentando amedrentar a la joven porque para hacerlo utilizaron a tres efectivos policiales y a un automóvil oficial.
El ombusman porteño informó que los familiares realizaron la denuncia en la comisaría 43°, pero aclaró que de ser necesario la realizarán de nuevo en sede judicial. En junio de 2002, la madre de uno de los chicos fusilados recibió amenazas telefónicas, que al ser investigadas por la justicia se detectó que procedían de sectores cercanos a la fuerza. También el funcionario porteño agregó que presentarán un pedido de informes al Ministerio del Interior y a la misma Policía Federal.
En la noche del 29 de diciembre mientras se desarrollaba el segundo cacerolazo espontáneo, que culminó con algunos manifestantes golpeando a policías de la Guardia de Infantería, en la estación de servicio de avenida Gaona y Bahía Blanca Tasca, Matassa y Gómez miraban junto a Velaztiqui la televisión. Al ver las imágenes, el policía que cubría servicios de custodia adicional se paró, les apuntó y les disparó. Luego intentaría pasar el hecho como un robo, pero Bravo, que se desempeñaba como empleada del local comercial, le hizo saber a la Justicia lo sucedido.
"Es una patraña que la Policía Federal haya cambiado y que sea una cuestión de algún efectivo suelto, están cortados todos por la misma tijera. Todavía no entienden que no vamos a bajar los brazos", manifestó Omar Tasca, padre de uno de los jóvenes asesinados. Por otra parte, Lesbegueris dijo: "Expresamos nuestro mayor repudio y exigimos que la secretaría de Seguridad de la Nación garantice la seguridad de la testigo".
EL JUICIO
El Tribunal Oral Criminal Nº 13, conformado por los jueces Oscar Rawson Paz, Rodolfo Urtubey y Pedro Benjamín Aquino, iniciará el próximo 24 de febrero a las 9:30 el juicio oral por el triple crimen de Floresta. La causa está catalogada como triple homicidio simple, pero organismos de derechos humanos juntaron más de mil firmas para que se modifique la carátula, agregándole agravantes, porque consideran que el policía actúo con metodología propia de la última dictadura militar.
LOS CIEGOS DE LA POLICIA FEDERAL
Los exámenes sobre el personal retirado con cargos de subalternos, de suboficiales y de oficiales que cubren servicios de custodia adicional se realizan en el Hospital Churruca y son los siguientes: verificación de que no tengan antecedentes patológicos en su historia clínica; examen físico completo, con evaluación de la agudeza visual; valoración cardiovascular con electrocardiograma; examen radiológico de tórax; examen laboratorio -que incluye HIV, Chagas y otras enfermedades-y por último, un examen de aptitud psicológico.
Velastequi fue evaluado de esa forma el 27 de diciembre de 2000, pero curiosamente los resultados de este control indicaron que es "apto para la función". Sorprendentemente, los testigos afirmaron que el policía utilizaba "frecuentemente gotitas para los ojos" y que estaría casi ciego. Lesbegueris denunció también que a más de seis meses de conocerse que estos exámenes son por lo menos de dudosa seriedad, la Policía Federal no hizo nada al respecto.
