Los costureros le declaran la guerra a Oyarbide

Tras el escrache de los militantes en la puerta de los tribunales federales y querellantes en la causa por trabajo ilegal, el juez federal recibió a Gustavo Vera, referente de La Alameda, y a dos costureras querellantes de la causa Lacar, Montagne y Rusty.

Sin la asistencia de abogados fueron recibidos con el juez de pie. Únicamente Oyarbide estrechó la mano de Vera y no a las otras dos mujeres inmigrantes.

Luego de ofrecerles Oyarbide una copia de la decisión de la cámara de apelaciones por la que lo mantiene a cargo de la investigación por el sistema de producción textil clandestino, Vera pregunó cómo pudieron haber pasado 16 meses sin una indagatoria a directivos de empresas de ropa y funcionarios policiales, o un procesamiento y casi ningún allanamiento.

Todavía de pie, el juez federal respondió que iba a ocuparse del tema que ellos pedían, y allí las dos costureras querellantes reclamaron sobre el tema manifestando que no sólo las incumbía a ellas sino a miles que trabajan en pésimas condiciones.

Según relató Vera a NOTICIAS URBANAS, el funcionario judicial les habría respondido: "Se retiran inmediatamente de
mi juzgado".

Al salir de allí Vera resolvió hacer una presentación en el INADI. La titular del área, María José Lubertino, aceptó recibirlo el lunes.

Luego los militantes y trabajadores de La Alameda se dirigieron el Consejo de la Magistratura de la Nación. Allí radicaron en mayo del año pasado un pedido de destitución del juez en cuestión. Lo que obtuvieron ahora fue una entrevista para el lunes, a la tarde, con la titular de la Comisión de Acusación y Disciplina, Diana Conti.

Un año y cuatro meses pasaron desde que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a cargo de Alicia Pierini, y La Alameda, a través de Gustavo Vera, radicaron las primeras denuncias sobre reducción a la servidumbre, trata y tráfico de personas que involucraban a las firmas Lacar, Montagne y Rusty.

En los meses posteriores se fueron ampliando las denuncias sobre trabajo esclavo en dicho juzgado involucrando a más de un centenar de talleres y más de setenta marcas de indumentaria. Entre ellas, se encuentran los sonados casos de Kosiuko, Cheeky y la muerte por tuberculosis de un joven costurero, Diego Aruquipa, en un taller clandestino de Floresta, que informó este medio con una cobertura especial.

A su vez, se vieron implicadas famosas firmas de ropa como Port Said, Graciela Naum, Awada, Akiabara, Chocolate, Mimo y Ona Saez, entre otras.

"Oyarbide ha eludido sistemáticamente indagar sobre la responsabilidad de las marcas, de los funcionarios públicos pertenecientes a la Policía Federal, Migraciones, Ministerio del Interior y áreas de inspecciones nacionales y municipales. ¿Habrá que esperar 30 años, como en el caso de Triple A para que alguien decida impartir justicia? ¿Cuántos Luis Viale,
cuántos costureros muertos de anemia y tuberculosis, cuántos hombres y mujeres convertidos en desecho humano a causa de la explotación tendrá que haber para que haya justicia?", manifiestan los querellantes de la mega
causa por el trabajo textil ilegal.