La Auditoría y un informe que genera dudas y sospechas
El informe está referido a irregularidades que se habrían cometido con el padrón de Provincia Salud -que es la prestadora que atiende al personal de la Legislatura-, que habría sido "engordado" con unas 500 personas de más, que no prestan servicios en el parlamento porteño.
De todos modos, el informe excede ampliamente esta sola circunstancia. Existe otro motivo de preocupación para los diputados que ejercieron la vicepresidencia primera del organismo legislativo. Hay un plazo fijo -que alguna vez superó los dos millones de pesos- que no puede ser explicado, porque esos fondos deberían haber estado depositados en una cuenta corriente.
La pregunta del millón sería entonces: ¿qué origen tienen esos dos millones de pesos?, seguida de: ¿porqué una obra social posee dos millones de pesos?. Todo el mundo sabe que a los trabajadores se les descuenta dinero para un fin determinado. Los fondos que se descuentan de los salarios son para pagarle a la empresa prestadora o para un plan de vacaciones o para alguna otra cosa, siempre definida. Es absolutamente improcedente que se depositen en un plazo fijo, y más aún, que permanezcan allí durante un plazo de tiempo, corto o largo.
El problema vendría de arrastre desde el nacimiento de la Legislatura -que fue creada en reemplazo del viejo Concejo Deliberante tras variar el status jurídico de la ciudad-, por lo que el largo brazo de la ley podría descargar todo su rigor sobre las espaldas de Aníbal Ibarra, Jorge Enríquez y Cristian Caram.
De todos modos, el torrente sanguíneo no arribará hasta la vías navegables fluviales, o sea, la sangre no llegará al río. La Auditoría está dispuesta a llamar a concurso, aunque para que eso es necesario que previamente -siempre según las fuentes de la Auditoría- la Legislatura apruebe el reglamento para llamados a concurso que desde el cuatro de abril de 2001 duerme en la Legislatura.
Los auditores reclaman que, en el caso de que la Legislatura interprete que no es necesaria su intervención para efectuar el llamado a concurso, se excusen de intervenir mediante una comunicación, delegando la atribución en ellos mismos.
Mientras tanto, fuentes legislativas le aseguraron a NOTICIAS URBANAS que, más allá del feroz culebrón de la interna radical, de la que la denuncia de Caram es sólo un capítulo más, todos los sectores involucrados ruegan, claman, rezan y desesperan por el llamado a concurso. Al fin y al cabo, éste no es un combate por la transparencia administrativa, sino apenas por unos contratos más.
