Sandra Bergenfeld también pide el expediente

La titular de la Auditoría General de la Ciudad, Sandra Bergenfeld, opinó este miércoles en relación al procesamiento del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que la Legislatura porteña ?debería enviar al organismo de control un pedido para analizar técnicamente la causa judicial que lo involucra en la causa de las escuchas ilegales. Al respecto, pidió colaborar con la tarea de carácter político que se desarrolle a futuro en el Parlamento Porteño.

Entre los fundamentos de su pedido, Bergenfeld sostiene que, la facultad que posee la Auditoría de acuerdo al artículo 136 de la Ley 70, la avala a realizar exámenes especiales de actos de significación a pedido de la Legislatura. Tal como se consigna, los delitos que se le imputan al Jefe de Gobierno en ejercicio de sus funciones, ?representan una circunstancia excepcional, de extrema gravedad institucional y que considera debería obtener un tratamiento técnico-jurídico paralelo al trabajo de los legisladores en cuanto a la responsabilidad política".

En segundo término, argumenta que el organismo del cual es titular es el ?brazo técnico? de la Legislatura, y sostiene que ?para eso fue creada?. De este modo cuenta con una Dirección General de Asuntos Legales con más de 27 abogados estables que auditan en forma permanente los juicios en los que la Ciudad sea parte.

Asimismo, Bergenfeld indica que ?para facilitar y adelantar la tarea legislativa debería encomendarse un informe técnico o examen especial de carácter jurídico a la Auditoría General para facilitar la tarea de control de la gestión del proceso judicial?.

Otro de los argumentos apunta a que ?existen innumerables antecedentes legislativos donde se solicita la colaboración de la Auditoría en forma concomitante, ejemplo de ello es Cassaba o la intervención de OBSBA, donde el organismo de control fue convocada para colaborar con la Legislatura por mandato legal?.

Por otra parte, explica, la Comisión de Seguimiento de Organismos de Control fue creada con el objetivo de favorecer el Control Externo, y esta medida iría en sintonía con la voluntad legislativa de fortalecimiento institucional.

Finalmente, y una vez concluido dicho examen de la causa penal proporcionaría un informe escrito, a modo de opinión no vinculante, desarrollando para los legisladores (o a la Comisión Investigadora , en caso de crearse) una suerte de asesoramiento institucional, tendencia creciente en todos los países del mundo respecto al Control Externo.