La APDH renovó su directiva
El Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos eligió una nueva Mesa Directiva, integrada ahora por José Míguez Bonino, Ricardo Molinas y Ernesto Sábato como presidentes honorarios; el obispo metodista Aldo Etchegoyen, monseñor Miguel Esteban Hesayne y el Dr. Alberto Pedroncini como presidentes; Bella Friszman, Susana Pérez Gallart, Adolfo Gass, el rabino Daniel Goldman, Miguel Monserrat y Horacio Ravenna como vicepresidentes, y como vocales Elina Aguiar, Carlos León Arslanián, Rubén Berthea, Antonio Cartañá, Víctor de Genaro, Leandro Despouy, Rubén Efron, Gilou García Reinoso, Carlos Emérito González, Carlos Grela, Inés Izaguirre, Noé Jitrik, Horacio Méndez Carrera, Ana María Mercado, Ernesto Moreau, Pedro Mouratián, Leonor G. Núñez, Enrique Oteiza, Juan Plou, el pastor Rodolfo Reinich, Jorge Rivas, Julio César Strassera, Juan Schwindt, Enrique Vázquez y Waldo Villapando. La secretaria coordinadora es Alicia Herbón, la tesorera es Otilia Renou y como órgano de fiscalización actuarán el pastor Pablo Andiñach y Eduardo Gattinoni.
El 18 de diciembre de 1975, en pleno auge de la Triple A y cuando el comandante general del Ejército, Jorge Rafael Videla, estaba a punto de anunciar en Tucumán el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, un pequeño grupo de personas -los obispos católicos Jaime de Nevares y Esteban Hesayne, el rabino Marshall Meyer, el obispo metodista Carlos Gattinoni, el pastor Míguez Bonino, Alicia Moreau de Justo, el secretario general de la CTERA Alfredo Bravo, la dirigente del PI Susana Pérez Gallart y Eduardo Pimentel entre ellas- se reunió en la Casa de Nazareth para plantearse métodos efectivos de protección de la dignidad del hombre.
Después del 24 de marzo de 1976, la APDH fue la primera organización en tipificar como terrorismo de Estado la metodología represiva de la dictadura: en una presentación judicial a propósito del secuestro de Oscar Smith, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, los abogados de la APDH denunciaron el 11 de abril de 1977 la "desaparición" de por lo menos 425 personas, con datos testimoniales y circunstanciados de su captura por parte de personal militar, y le exigieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que diligenciara los hábeas corpus hasta entonces denegados por instancias inferiores del Poder Judicial.
Con la recuperación del Estado de Derecho, la APDH proveyó toda su experiencia en materia de recepción de denuncias y atención de familiares y allegados de personas "desaparecidas". Su archivo fue el mayor banco de datos sobre el que trabajó la Conadep, y a su turno sirvió de prueba en el juicio contra las juntas de comandantes de la dictadura.
En estos momentos, la APDH es parte querellante en la causa del "Plan Cóndor", de inminente elevación a juicio oral, y ha extendido y profundizado el campo de acción de los derechos humanos. Si bien son alarmantes los casos de "gatillo fácil" y ciertos sectores promueven la criminalización de la protesta social, la vida humana ha recuperado un valor que se desconocía hasta hace 22 años, de modo que la salvaguarda de los derechos humanos pone ahora tanto énfasis en la preservación como en la calidad de su existencia.
Para celebrar sus 30 años, la APDH ha organizado una cena, el 15 del corriente, en el restaurante del Centro Cultural Armenio.
