Golpe en Once al narcotráfico

El golpe de un juez federal al reducto narco más notorio de Once, el bar y hotel El Cañonero, fue tan mortífero como los tres disparos en la espalda que, en octubre pasado, recibió Ángel Fernández Rodríguez, el fallecido capo del lugar. Las cuadras de la calle General Urquiza, desde avenida Rivadavia hasta avenida Belgrano, fueron una zona intransitable hasta el 12 de marzo, cuando un operativo policial ordenado por el juez Sergio Torres descabezó a la banda que se refugiaba en el mencionado hotel, del que tomó su nombre, ubicado en Urquiza 165. Venta de cocaína en plena vereda, arrebatos con armas de fuego, adictos a la pasta base que acampaban en la puerta del jardín escolar sobre la calle Alsina y chorros a la espera de alquilar armas eran una postal común en la zona. Los vecinos y comerciantes solían moverse en taxi, algunos con navajas entre sus ropas para defenderse. Otros buscaban vender sus propiedades y mudarse.

A principios de año hubo cambios en la Comisaría 8va, responsable de la seguridad del barrio: ingresó el comisario Jorge Durán en lugar de Pedro Zabala, sumamente sospechado de estar en connivencia con el bar-hotel El Cañonero, que albergaba a la peligrosa mafia liderada por una familia de ciudadanos peruanos: los Fernández Rodríguez, provenientes de la ciudad de Trujillo.

Con los cambios en la Comisaría 8va y en la cúpula de la Superintendencia de Drogas Peligrosas se incrementaron las tareas de inteligencia sobre el aguantadero. Se colocaron cámaras filmadoras en carteles comerciales, en cables y hasta en una camioneta. Comenzó a ser cotidiana la visita de agentes encubiertos transitando la cuadra, revisando las bolsas de la basura que salía de El Cañonero e, incluso, intentando infiltrarse en el bar-hotel.

Esas tareas de inteligencia encontraron sus dificultades. La narcofamilia utilizaba a sus hijos adolescentes en la venta minorista y también de vigilancia callejera. En tanto que dentro del hotel, ex sede de la Sociedad Portuguesas de Beneficencia y Socorros Mutuos, la situación se complicaba. Los policías encubiertos debían sortear un ingreso de escaleras para luego llegar a las habitaciones en el primer y segundo piso. Adentrarse en El Cañonero no era una posibilidad para espías que a lo sumo, simulando ser adictos, llegaban al pasillo del edificio o al bar.

Cuando el juez Torres ordenó el golpe definitivo lo hizo con un movimiento veloz. Este magistrado no llevó la causa por drogas en El Cañonero desde su origen. Quien sí tuvo la responsabilidad de la investigación durante un año entero fue el Juzgado Federal Nº 9, a cargo de Julián Ercolini, sin resolución alguna. Mientras que otra causa también por drogas en El Cañonero se tramitó con el juez Octavio Aráoz de Lamadrid. La decisión de quebrar a los narcos más conocidos de Once llegó cuando Torres suplantó (o subrogó, según la jerga técnica judicial) a Aráoz de Lamadrid.

El viernes 12 de marzo, poco después de las 20, se produjo el allanamiento. La avanzada estuvo a cargo del grupo de elite GEOF. Detrás de ellos fueron los agentes de la División de Operaciones Metropolitanas, que habían realizado las tareas de inteligencia. Estos revisaron pieza por pieza y llegaron hasta la terraza, cubriendo la posibilidad de fuga.

LOS HEREDEROS

Mientras agonizaba en el hospital Ramos Mejía tras haber sido baleado en un no aclarado episodio ocurrido en octubre, Ángel Fernández Rodríguez dejó su comandancia en su cuñada, Katy Deasy Castro Alvarado, una mujer cuarentona y, según cuentan los vecinos, de carácter afable. Es esposa de Simón Fernández Rodríguez, quien hace días logró la libertad luego de ser condenado por tráfico de drogas. Katy vivía en la única pieza con rejas y nunca rotaba de habitación como sí hacía el resto de la organización de menor jerarquía. En su cuarto, la policía encontró gran cantidad de estupefacientes. Los otros detenidos son la esposa del ex líder, Ana Herminia Robles Miñano; Miguel Ángel Martín Fernández Ventura, hijo de Ángel y de otra esposa y sobrino de Katy, y José Martín Fernández Aliaga. También se detuvo a dos menores de edad.

La mayor cantidad de estupefacientes estaba debajo del tanque de agua en la terraza. Allí se secuestró cocaína, paco y marihuana. En tanto que las armas de fuego (una calibre 22 y otra 38, más municiones y un cargador de 9 mm.) se encontraban en una de las habitaciones del primer piso. El monto de dinero no resultó de importancia. En total, se secuestraron 260 envoltorios de paco, algunos papeles de cocaína y marihuana y cuatro kilos de marihuana empaquetada. 

Los seis detenidos tienen confirmado el procesamiento por ?coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines comerciales doblemente agravado por utilizar dos menores y a la vez por cometerse en forma organizada?. No figura el agravante de vender drogas en las cercanías de dos colegios, el Mariano Acosta y el General Zapiola, y de un jardín escolar. Las penas de prisión van de 6 a 20 años.
A horas de publicarse esta nota, el juez Torres pedía la detención de otro miembro de la organización, mientras que la Cámara estudiaba excarcelar a los dos menores detenidos.

LA INVESTIGACIÓN

Los investigadores creen que el clan Fernández Rodríguez ostentaba el dominio territorial en Once ?desde su estructura familiar y étnica?. Esta conclusión no contempla las sospechas de complicidad entre los narcos y la Seccional 8va ?que se comentaba en la zona? y evidencia otras flaquezas: nunca se descubrieron las transacciones bancarias para el blanqueo del capital ilícito ni tampoco el camino de la droga hasta El Cañonero. ?Suponemos que venía de la villa? sostuvieron a NU los investigadores. La idea de que sólo en las villas están los laboratorios que procesan cocaína y paco no se sustenta con la compleja realidad. Hace dos meses otro juez federal allanó con Prefectura un laboratorio en Recoleta que distribuía estupefacientes a vendedores minoristas de Balvanera que operaban a sólo dos cuadras de El Cañonero.

Otro hombre clave del clan Fernández Rodríguez sigue libre. Johnny Ruperto, hermano del fallecido Ángel y el liberado Simón, es quien tramitó ante el gobierno de Mauricio Macri la habilitación de El Cañonero, que se hizo como casa de comidas. Se especula que Johnny vive en Estados Unidos y por ello evitó el juicio por violación de clausuras que dejó imputada a su cuñada en desgracia, la viuda Ana Herminia.
René Eduardo Salinas, abogado de los detenidos en El Cañonero, es conocido en el barrio del Abasto por defender a otros narcotraficantes de la zona, como el Ancho Oscar Elías Sinche Rojas, procesado por comercio de estupefacientes agravado por actuar en inmediaciones de un establecimiento educativo.

El 24 de marzo de este año, Ángel Fernández Rodríguez soltó la mano de la vida a la que se encontraba apenas aferrado desde hacía cuatro meses. No soportó la caída en desgracia de su negocio ilegal.