Las concesiones porteñas en la mira de la justicia

El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 11 de la Ciudad, Fernando Enrique Juan Lima, realizó este lunes una inspección ocular a las instalaciones de Punta Carrasco en la Costanera Norte, en el contexto de una acción de amparo presentada por el legislador Facundo Di Filippo, en la cual denunció irregularidades en las concesiones del Gobierno porteño.

El diputado, vicepresidente del bloque Coalición Cívica de la Legislatura porteña, había recurrido a la Justicia -a finales de octubre pasado- para que declare la inconstitucionalidad el decreto 993/08 -firmado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri- por el cual se renovó la concesión del predio a la firma Punta Carrasco S.A.

El magistrado inspeccionó durante alrededor de una hora -de 11 a 12- ese predio de la Costanera Norte y fue acompañado en el recorrido por las instalaciones por Carlos Mai, presidente de Punta Carrasco SA. Lima deberá expedirse sobre las cuestiones de fondo planteadas por el diputado de la Coalición Cívica, que fundamentó su pretensión en un escrito de 44 carillas, donde, entre otras cuestiones, destacaba que Macri violó la Ordenanza 46.229 y su modificatoria 46.660 (ambas de 1993) que establecen que "las concesiones y permisos de uso vigente" de los espacios de dominio público "se mantendrán hasta que opere su vencimiento, a partir del cual no podrán ser renovados".

También añadió que el jefe de Gobierno violó la Ordenanza 47.666 (de 1994) que, respecto a la ribera del Río de la Plata, dispone: "prohíbase en la rambla Costanera Norte el otorgamiento de permisos de ocupación, uso, explotación, cualquiera sea su índole".

En su escrito, el diputado asegura que la firma Punta Carrasco S.A. pagaba un canon de 2.340,35 pesos mensuales y a partir de la renovación de la concesión, 30.000 pesos por mes, es decir, "valores realmente irrisorios" pues "por el subarriendo no autorizado de locales percibe sumas muy superiores".

Y agrega que un informe de la Auditoría General de la Ciudad, de finales de 2007, que Di Filippo adjuntó a su escrito judicial, advertía sobre una serie de incumplimientos del contrato por parte de la concesionaria y de la falta de habilitación de varios locales -gastronómicos y bailables- que funcionan en Punta Carrasco. También que "la zona en cuestión ha sido objeto de rellenos no autorizados por autoridad competente, realizados sin parámetros ecológicos".