El macrismo quiere que Ibarra le pida explicaciones a Kirchner
Los legisladores porteños de Compromiso para el Cambio, Santiago de Estrada, Jorge Mercado, Ricardo Busacca, Mario Morando, Juan C. Lynch, Álvaro Gónzalez y Juan Farías Gómez presentaron un Proyecto de Declaración para que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicite al Poder Ejecutivo porteño que realice gestiones ante el Gobierno Nacional a fin de que se deje sin efecto la transferencia de recursos dispuesta por la jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional desde ANSeS hacia la Secretaría de Energía para costear la importación de combustible de Venezuela y, en cambio, se destinen tales importes al reajuste de la prestaciones de los jubilados y pensionados.
Mediante la Decisión Administrativa 199/2004, la jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional dispuso una modificación en el Presupuesto General de la Administración Nacional para trasladar fondos asignados originalmente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en beneficio de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con el objetivo de afrontar el costo de la operatoria a realizar con Petróleos de Venezuela S.A. para la importación de combustible, y la realización de un aporte no reintegrable al Ente Binacional Yaciretá.
Para los macristas "el Gobierno Nacional fundamenta que la medida se financia con recursos del tesoro nacional destinados originalmente a la Administración Nacional de la Seguridad Social, en virtud de que la proyección de los ingresos correspondientes a los aportes y contribuciones a la seguridad social supera los recursos estimados en la Ley 25.827, por lo que no resultarán necesarios tales aportes. De este modo, el Gobierno Nacional considera que, habiéndose recaudado más de lo proyectado en seguridad social, el excedente no debe beneficiar a los jubilados y pensionados sino a otros sectores del Ejecutivo, en este caso para atender consecuencias derivadas de la crisis energética y sumar aportes para Yaciretá".
Pocos días antes de adoptar esta medida, el Gobierno dispuso un incremento de veinte pesos mensuales a los jubilados y pensionados que perciben el mínimo, a partir del 1º de junio del corriente año. Este aumento provocó una protesta generalizada por parte de los afectados -que representan más de la mitad del padrón previsional de nuestra Ciudad-, por entender que se trata de una suma irrisoria, insuficiente para cambiar la situación de los jubilados y pensionados.
Los legisladores reconocen que estas decisiones corresponden en exclusividad al Gobierno Nacional y no al Gobierno de la Ciudad. Pero también, aclaran que es cierto que "éste no puede permanecer indiferente ante una acción que afecta a un número ponderable de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires -cerca de 600.000 personas-, que podrían ver incrementados sus haberes si se respetaran los ingresos que legalmente corresponden a la Administración Nacional de la Seguridad Social".
Ante esta situación y a través de un comunicado los macristas propician una declaración en la que "se solicita al Gobierno de la Ciudad que realice una gestión ante el Gobierno Nacional para que se deje sin efecto la transferencia de recursos desde la ANSeS hacia otros organismos, y se destinen los aportes a mejorar la grave situación que afrontan los jubilados y pensionados".
