Dos proyectos dividen las aguas entre los abogados porteños

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) presentó en la Legislatura dos proyectos que apuntan a la creación de una caja de jubilaciones y de una obra social para los letrados. Estas iniciativas fueron tomadas como propias por los diputados radicales Claudia Serio y Daniel Bravo, quienes aseguran que son totalmente constitucionales y no significarán un aumento de los honorarios. Sin embargo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se opone terminantemente a ambos proyectos.

El primero de ellos se refiere a la creación de un sistema de seguridad social para abogados, "de carácter obligatorio, eminentemente contributivo, basado en el principio de solidaridad, con efecto redistributivo y sustitutivo de todo otro de carácter nacional, provincial o municipal".

La segunda iniciativa, en tanto, propone la creación de la caja de prestaciones sociales, organizada como persona de derecho público no estatal, que tendrá por objeto la "prestación de servicios de salud que contengan acciones colectivas e individuales de promoción, prevención, atención, recuperación y rehabilitación".

Por lo pronto, el análisis de los mismos se iba a realizar primero en la Comisión de Asuntos Constitucionales y luego en la de Legislación General y de Trabajo, pero -dado su tenor- ambas comisiones están trabajando juntas en la redacción de un despacho conjunto. Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Héctor "Tom" Costanzo, quien sostuvo además que "todavía no hay una decisión tomada al respecto, sino que se está trabajando fuertemente en el tema".

Según el diputado radical "el Colegio Público y la Comisión Directiva aducen que la necesidad de estas leyes está dada porque la Caja de Autónomos donde ellos están haciendo sus aportes el Estado no les estaría abonando a los abogados una jubilación acorde con los aportes que están realizando. Entonces, como hay experiencias en distintas provincias de la Argentina con cajas independientes, querían crear también paraa sus afiliados una caja de jubilación en la Ciudad de Buenos Aires. Toda la información que nosotros tenemos en el expediente es que en las provincias las cajas están funcionando bien. Independientemente de esto, nosotros hicimos reuniones no solamente con el Colegio Público sino también con todos aquéllos que tuvieran la inquietud de venir a expresar su posición contraria a la conformación de la caja. También vino el secretario de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, que hizo su aporte".

Hasta el momento, tanto la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, como la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Consejo Coordinador de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Abogados de la República Argentina adelantaron su apoyo a la propuesta realizada por el CPACF. Sin embargo, las iniciativas fueron sumamente criticadas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Según los miembros de la entidad, ambas propuestas tendrían "graves consecuencias para la ciudadanía, en términos de libre acceso a la Justicia".

Para esta asociación de carácter voluntario que nuclea a abogados porteños, "los aportes que los profesionales deberán hacer para conformar dichas cajas serán obligatorios, en un monto que el proyecto permite ampliar indefinidamente, y afectarán a todos sus honorarios, no sólo a aquéllos regulados por un juez en el marco de un proceso judicial". Es decir que los aportes se trasladarían a los costos de contratación de un abogado.

Carlos Monis, asambleísta del CPACF, señaló que "siendo parte del tema, tengo que decir que este proyecto nace armado por la minoría gobernante. No ha sido suficientemente consensuado. Tal es así que, a pesar de que todas las listas, excepto el oficialismo, hemos pedido una asamblea extraordinaria que está determinada para el día 28 para poder tratar este tema, la asamblea no lo ha tratado. Entonces, pedimos a la Legislatura, por la nota que se presentó este miércoles, que no tome ninguna decisión hasta tanto la asamblea del Colegio reunida democráticamente decida cuál va a ser la orientación. Por lo menos, fijar una posición al respecto".

Ante las críticas que se dieron a conocer en torno de estas propuestas, Ricardo Lorenzetti, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, señaló que "si hay traslación de costos ello sucederá siempre, haya caja profesional o no. Se trata de una variable independiente, porque se verifica cualquiera sea el régimen: si un profesional tiene derecho a un crédito por honorarios y una parte debe dedicarla a un aporte, es natural que incluya dichos aportes dentro de sus costos".

Según consta en los fundamentos de los proyectos, "el abogado de la Capital Federal -a diferencia de los abogados del resto del país- es el profesional más desprotegido desde el punto de vista social. Carece de una obra social y tampoco cuenta con un sistema jubilatorio propio. Esta falencia fue resuelta por cada abogado, en la medida en que su situación económica se lo permitiera, contratando sistemas médicos prepagos que no siempre han cumplido adecuadamente con la cobertura".

Por lo pronto estas iniciativas -que afectarían a una población aproximada de 120 mil personas, si se tiene en cuenta que la cantidad de abogados matriculados en la Capital supera los 50 mil y que por cada abogado existen 2,4 personas que conforman el grupo familiar- tienen tratamiento preferencial para el jueves 23 de octubre.