La Ciudad debería recuperar la Autopista Illia si la Justicia cumpliera su función

Finalmente, tras haberse constituído en querellante en el juicio por las múltiples irregularidades cometidas en la construcción de la Autopista "Presidente Arturo Umberto Illia", el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, le envió a la Procuración General un informe del Centro Argentino de Ingenieros en el que alega que una deuda que la empresa reclama -que asciende a 28 millones de dólares-, "es inexistente". Además, se dispondría a reclamar la recuperación de la autopista para la Ciudad, habida cuenta de la ilegalidad en la que se encuentra la empresa concesionaria.

EL CULEBRÓN DE CACCIATORE

Las obras de la Autopista Illia se iniciaron con un decreto del entonces intendente porteño de la dictadura, el brigadier Osvaldo Cacciatore. Corría el año 1981 y éste decide que la autopista se hará por concesión de obra pública y que la recaudación por peaje y por las tarifas de las playas de estacionamiento -iban a ser 12 mil- iba a ser repartida en un 20 por ciento para la obra en sí misma y para que la empresa cobrara por ella y en un 80 por ciento para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

En 1985, el sucesor de Cacciatore, Julio Saguier, que había sido designado por el presidente Raúl Alfonsín, cambió radicalmente la naturaleza del contrato y le pagó a COVIMET 180 millones de pesos para que construyera la autopista. De esta manera, ya no había una concesión de obra pública, que suponía el cobro de un peaje para que la empresa pudiera resarcirse de la inversión. Con esta suma se suponía que la obra debería haber sido completada.

El intendente Carlos Grosso volvió a renegociar el contrato y le obsequió generosamente a la empresa 130 millones de pesos más. Su sucesor, Saúl Bouer sigió con la obra de caridad y volvió a obsequiarle 30 millones más a los constructores de caminos.

En el año 1995, el intendente Jorge Domínguez estableció que la empresa debía cobrar una tarifa de 0,50 centavos "por cuenta y orden de la Municipalidad de Buenos Aires". También inauguró la autopista y estableció que la recaudación debía ser auditada.

Ni bien comienza a percibir la recaudación, COVIMET le cede al Banco de la Provincia de Buenos Aires el contrato por un total de 14 millones, posiblemente por un crédito para construir la Autopista La Plata - Buenos Aires, algo que estaba taxativamente prohibido en los pliegos de la licitación.

Hasta este día la empresa cobró, según el propio Fatala, 430 millones de pesos por una obra de dos tramos de tres kilómetros de largo cada uno. Los porteños pagamos el kilómetro más caro del mundo, a razón de unos 70 millones de pesos por cada uno.

UN DECRETO SIN ANEXOS, MÁS QUE UN DECRETO ES MAGIA

El 23 de diciembre de 1998, cuando Fernando de la Rúa carreteaba para iniciar el vuelo que lo depositó en la Casa Rosada -y que lo sacó de ella en helicóptero-, firmó el Decreto 3135/98, por el que reconoció una deuda del Estado porteño con COVIMET por 28 millones de pesos y, además autorizó a la empresa a elevar en un 100 por cien la tarifa, que desde entonces vale un peso.

Pero el decreto salió fallado desde las propias oficinas del secretario de Obras y Servicios Públicos, Nicolás Gallo. Por de pronto, el reconocimiento del Gobierno de que le debía 28 millones y medio a COVIMET estaba -según el decreto- contenido en el Anexo XIV. Además, en el articulado de la norma figuraba un nuevo cuadro tarifario, que estaba contenido en el Anexo XI. Existía también el Anexo I, que era un contrato modificatorio del contrato de concesión que estaba en vigencia hasta ese 23 de diciembre. Estos importantes anexos, por medio de los cuales se decidía el destino de varios millones de dólares de los contribuyentes, corrieron el destino que corren los objetos que tocan las manos veloces de los ilusionistas, por lo que desde entonces se encuentran desaparecidos.

Poco tiempo después, el abogado Marcelo Gey realizó la denuncia que dio origen a la causa que hoy sigue su curso, aunque no sin algunos tropiezos. Por de pronto, ya pasó por las manos de cinco jueces y la última magistrada se declaró incompetente, por lo que su destino es incierto.

EL GOBIERNO PORTEÑO QUERRÍA LA AUTOPISTA

El secretario de Obras y Servicios Públicos ha manifestado su deseo de recuperar la autopista para la ciudad y a eso apuntaría el informe del Centro Argentino de Ingenieros. Eso sería posible sólo si hubiera una justicia que funcionara como tal. No se explica sino cómo no le fue devuelta a la Ciudad el manejo de una autopista que fue contratada por el sistema de obra pública. En este sistema, la empresa se cobra su inversión mediante el cobro de peajes por un lapso de tiempo determinado. Luego la obra queda para el mandante, es decir, el Estado porteño, tal como pasó con la autopista 25 de Mayo.

Pero, antes de empezar a construir la Autopista Illia, COVIMET cobró 180 millones de pesos de manos del primer intendente de la democracia, Julio César Saguier, para construir la obra, por lo que no le correspondía convertirse en un concesionario vial, ni mucho menos instalar las cabinas de peaje y cobrarlo para sí misma.

A veces pareciera que la mentada venda que cubre los ojos de la justicia obnubila también su entendimiento. ¿Sería mucho pedir que los funcionarios no imitaran a la justicia en este punto?.