Habrá audiencia pública para designar los nuevos auditores porteños

Luego de debatir largamente el tema en la reunión de Labor Parlamentaria, los legisladores porteños decidieron no realizar la sesión especial que estaba fijada para el jueves 22 de mayo, e incluyeron en el orden del día un proyecto de resolución por el cual se establece la realización de una Audiencia Pública, a realizarse el 25 de junio, para considerar la idoneidad y las impugnaciones contra las personas propuestas para integrar la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

En la Resolución se estipula que hasta el 27 de mayo los diputados de los partidos políticos o alianzas de la Legislatura tendrán la posibilidad de presentar sus propuestas de candidatos para integrar la Auditoría. Asimismo, se reconocen como presentadas las candidaturas que ya se han elevado a la Junta de Ética.

Al alargarse los tiempos, se fijó además una nueva convocatoria a sesión especial para el día martes 1º de julio a las 14, con el fin de designar a los integrantes de la Auditoría. Pese a que se intentó dejar este órgano de control en manos de los tres vicepresidentes del Cuerpo legislativo -en una especie de intervención- hasta esta fecha los actuales auditores seguirán en sus funciones, según lo establece la misma resolución.

El proyecto de resolución pertenece a los diputados Cristian Caram, Jorge Enríquez, Rubén Campos (UCR), Pimpi Colombo, Santiago de Estrada (PJ) y Oscar Moscariello (Juntos por Buenos Aires).

De esta manera los legisladores acataron un pedido del juez en lo Contencioso y Administrativo, Juan Vicente Cataldo, quien falló a favor de una medida cautelar presentada por Perla Prigoshin, solicitando la suspensión de la sesión donde se iban a nombrar los nuevos auditores porteños. Prigoshin argumentó la necesidad de que los auditores generales propuestos por los legisladores sean considerados en audiencia pública, a fin de que cualquier vecino pueda evaluar la idoneidad de cada postulante y tenga la posibilidad de, eventualmente, impugnarlo.

Cabe recordar que la Legislatura porteña aprobó en la sesión del 29 de abril, la realización de una sesión especial para el día jueves 22 de mayo, con el fin de designar a los nuevos miembros de la Auditoría. Los mandatos de los integrantes del organismo vencieron el pasado 20 de abril, plazo que fue prorrogado hasta el 22 de mayo. Como en oportunidad de haber elegido a los anteriores auditores no se utilizó el mecanismo de audiencia pública, en esta se siguió el mismo procedimiento.

En la discusión del proyecto en el recinto, el diputado Oscar Moscariello intervino expresando que "la Legislatura tiene la facultad de resolver sobre la designación de los Auditores. La Justicia puede invalidar el mecanismo por el cual se elige a los auditores pero de ningún modo suspender una sesión especial. El poder judicial no puede limitar o trabar el normal desarrollo de la tarea parlamentaria".

Por su parte, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Cristian Caram, denunció que "todo esto se trata de una maniobra del oficialismo para salvar al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Porque hay un informe de la Auditoría que lo perjudica notoriamente con relación al accionar que éste tuviera cuando estando a cargo de la Legislatura porteña, realizó las obras sobre la infraestructura y acondicionamiento del edificio del parlamento".

Dicho informe no puede emitirse hasta tanto se nombren a los Auditores para que puedan firmarlo. Por eso, según Caram, estarían demorando por todos los medios las designaciones. Para evitarle en plena campaña electoral el mal trago a Ibarra, algunos diputados buscaron entonces primero no dar quórum durante varias sesiones, luego en los debates parlamentarios, planteando la cuestión de la necesidad de una audiencia pública y después llevando el asunto a la Justicia.

Por su parte la diputada Vilma Ripoll (IU) expresó su repudio la hecho de que muchos diputados dijeron que no era una particular común la que hizo la denuncia ante el juez, sino que se trata de la esposa del diputado del ARI, Eduardo Peduto. "No importa de quién sea la esposa. Es una ciudadana", dijo.

Asimismo, el diputado Enrique Rodríguez cuestionó al procurador general de la Ciudad, que apoyó en un escrito a la denunciante, planteando que "no defendió a la Legislatura, el Procurador está adherido al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial".