Polémica judicial en torno a la toma en la Villa 21-24
Ante la orden de desalojo de la villa 21-24 dictada por un juzgado federal, la Justicia porteña y la Defensoría del Pueblo interceden en favor de los más desprotegidos.
Hace semanas, según pudo conocer este medio por el cura villero José María "Pepe" Di Paola, los vecinos de la toma fueron notificados por orden del juzgado federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, que serán desalojados del lugar donde habitan, delimitado por las calles Iguazú, avenida Amancio Alcorta, terrenos de la CEAMSE (Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado), vías del ex Ferrocarril General Belgrano Norte, calle Luna y costa del Riachuelo.
La Defensoría del Pueblo a principios de 2007 dispuso al ministro de Planificación y Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi, que cumpla la normativa vigente y convenios del Estado local, en particular, el convenio marco "Asentamiento Villa 21-24", refrendado por el ex jefe de Gobierno de la Ciudad, el Ministerio de Desarrollo Social Nacional, y la Asociación Mutual "Flor de Ceibo - Villa 21", que fuera aprobado por la ley Nº 186.
Las manzanas 51 a 78, fueron vendidas por el Estado nacional a la Asociación Mutual "Flor de Ceibo - Villa 21" (que representa a la totalidad de los villeros) mediante boleto de compraventa el 19 de junio de 1992. La venta tuvo como fin que en dicho predio se construyan viviendas económicas para los socios de la Asociación Civil y sus grupos convivientes. Eso es una deuda.
Unas 15 mil personas, según los últimos datos, continúan viviendo "en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento, en un hábitat degradado, sin servicios elementales", para la Defensoría del Pueblo.
Desde la asesoría tutelar N° 1 del Ministerio Público porteño, a cargo de Gustavo Moreno, se interpuso, antes de la feria judicial, una medida para que el magistrado federal conozca la situación crítica en la que se encuentra la toma. Sucede que en diciembre de 2006 se dictó una medida para que se brinde el servicio de agua potable, entre otros servicios públicos básicos.
Moreno, además requirió al juez Andrés Gallardo, que de conocimiento a Canicoba Corral sobre una resolución de la Defensoría del Pueblo porteña, en la que se da un informe pormenorizado de la situación jurídica de los terrenos de la Villa 21-24, que es propiedad de la Ciudad luego de convenios firmados con Nación.
"La situación es angustiante en la villa y lo que va a provocar el desalojo es mayor angustia para los menores. Llama la atención que ante tanta crisis social un juez federal se ocupe de este tema", expresó ante NOTICIAS URBANAS quien intercede a favor de los menores porteños.
En la causa penal por la Villa tampoco fueron informados del desalojo los menores de edad, "siendo que los niños son sujetos de derechos y ninguna persona aún menor edad puede ser afectada por una sentencia sin haber sido notificada", sostuvo en su presentación Moreno.
En tanto, que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que el barrio aún figura en el registro de catastro como un espacio verde. Asimismo, señalan que hay terrenos desocupados que la Mutual no ha entregado, y una gran cantidad de personas en la lista de espera para acceder a ellos y construir sus viviendas.
