Nueva querella por el taller de Luis Viale
El incendio del taller textil clandestino de la calle Luis Viale, en el que murieron cuatro personas, es investigado por el juez Alberto Baños. Tres costureros sobrevivientes al incendio presentaron documentación para ser considerados querellantes en la causa que sólo investiga la tragedia.
Los costureros Cristina Mamani Condori, Lourdes Marciana Hidalgo Luján y Rubén Darío Cari Macuri, lo que requieren es que la investigación no siga con el juez Baños y pase a la justicia federal, puntualmente Norberto Oyarbide que investiga por orden de sus superiores todas las causas relacionadas con la red de talleres textiles ilegales montados en la Ciudad.
Hasta el momento la investigación del incendio acaecido el 30 de marzo de 2006 se concentró en el siniestro y los costureros, a través del abogado Rodolfo Yanzón que asesora a la Unión de Trabajadores Costureros (UTC) de La Alameda requieren que extienda la investigación "a los verdaderos motivos por los cuales el incendio se produjo: el hacinamiento y las condiciones inhumanas de trabajo y alojamiento que existían en el taller de Luis Viale 1269". Para los trabajadores inmigrantes respaldados por la UTC deben ser imputados tanto los talleristas Luis Sellarico y Juan Manuel Correa, como también los dueños Daniel Fischer y Damián Geyller.
A fines de 2005, Cari Macuri conoció a Luis Sillerico, quien les ofreció trabajo en costura. Cari Macuri, junto a su mujer, Mamani Condori, aceptaron la propuesta. El 3 de enero de 2006 comenzaron a trabajar en el taller de la calle Luis Viale 1269. La pareja durante dos meses no tuvieron paga de salario y terminaron viviendo a fines de febrero de 2006 en el mismo lugar donde trabajaban de ocho de la mañana a 23, excepción de los sábados que lo hacían hasta las 13. Allí conocieron Marciana Hidalgo que no tenía documentación de identidad.
"En el taller había cerca de 60 personas mayores, que todas trabajaban, y más de veinte niños. La gran mayoría carecía de documentación. El lugar sólo tenía dos baños y funcionaba una sola ducha, muy pequeña, con agua fría solamente. Para bañarse tenían que hacer cola hasta la 1 o 2 de la mañana. No había comedor ni patio. La comida se servía en el mismo taller, mientras trabajaban", dejaron constancia los costureros en su presentación judicial a la que tuvo acceso NOTICIAS URBANAS.
Por prenda se les pagaba entre 0,70 y 1,20 pesos, según la prenda, pero en los hechos les pagaba con vales, 100 pesos por pareja y por fin de semana. Quienes eran solteros recibían solo vales por 50 pesos. Dos semanas antes del incendio producido el 30 de marzo ingresaron inspectores al taller. En esa ocasión los talleristas Sillerico y Correa ordenaron a los trabajadores permanecer en el entrepiso hasta que se marcharan los inspectores.
Los costureros querellantes asimismo señalaron al Gobierno de la Ciudad por no recibir ningún tipo de asistencia psicológica, ni jurídica. "Nos enviaron al polideportivo del Parque Avellaneda, donde estuvimos una semana. Posteriormente, el Gobierno nos dio 200 pesos a cada uno. La mayoría lo recibió por una sola vez, debido a que se nos exigía comprobante de alquiler. No hubo ningún otro tipo de asistencia".
