Más jueces sí, más fiscales, quién sabe

El viernes 24 de septiembre, a las 12 horas, se retomará la audiencia dispuesta por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Guillermo Scheibler para resolver un recurso de amparo presentado por los legisladores de Proyecto Sur Julio Raffo, Jorge Selser y Rafael Gentili, en el que solicitan la suspensión de los concursos para la designación de 10 jueces del fuero CAyT, 16 fiscales y 8 defensores en lo Penal Contravencional y de Faltas, entre otros cargos nuevos creados a fines del 2009 con la modificación de la Ley 7 (Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad), debido a la posible inexistencia del presupuesto necesario para poner en funciones a estos nuevos magistrados porteños (requisito establecido por la normativa vigente).

El pasado 14 de septiembre, el juez Scheibler convocó a las partes (los impulsores de la acción y la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Teresa Moya, y el presidente de la Comisión de Selección, Horacio Corti). Tras la exposición de las diferentes posturas, el magistrado resolvió realizar un cuarto intermedio tras escuchar la posición de los representantes del Consejo señalando la necesidad de llevar el planteo de los legisladores al Plenario y allí buscar una propuesta para dar respuesta a lo planteado en el amparo y así evitar el dictado de una medida cautelar que frene la continuidad de los concursos en marcha.

?Los representantes del Consejo de la Magistratura se comprometieron a presentar una propuesta. Entendemos que el Consejo deberá hacer una resolución para limitar los cargos en base al presupuesto que apruebe la Legislatura?, comentó a NU Rafael Gentili, y remarcó que ?no está claro si la Legislatura va a aprobar un presupuesto para todos los cargos, unos 40 funcionarios nuevos entre jueces, fiscales y defensores, más toda la estructura que ellos requieren?.

El legislador consideró que el ajuste entre cargos nuevos y presupuestos no sólo debe ser realizado para cumplir con la ley vigente sino también para evitar ?posibles problemas futuros con aquellos concursantes que sean posteriormente nombrados pero que, por falta de presupuesto, no puedan asumir sus cargos, lo que podría motivar futuros juicios?.

El Consejo de la Magistratura elevó a la Legislatura días atrás, un presupuesto para el año 2011 por 700 millones de pesos, dentro del cual están contempladas las estructuras creadas por la modificación de la Ley 7, el incremento de personal, la compra de edificios para alojar las dependencias nuevas (unos 200 millones), mobiliario y gastos varios.

Adelantando que Proyecto Sur no daría su voto para el presupuesto de la Justicia tal cual ha sido presentado, Gentili remarcó que para salarios se ha presupuestado unos 400 millones y que en total, el presupuesto 2011 ?casi duplica el del 2010?.

?Los concursos se deben limitar al presupuesto que se apruebe. Si se aprueba un presupuesto para 10 cargos nuevos, esos cargos deben ser los que se pongan en funciones. El día que aparezca más presupuesto se deberían hacer nuevos concursos. Entendemos que no se deben elegir funcionarios para cargos que no estén financiados ya que sino, se estaría obligando a la Legislatura a financiar algo que no quiere financiar?, subrayó.

Y resaltó: ?Nosotros, no estuvimos de acuerdo con las nuevas estructuras aprobadas por la anterior Legislatura. Liliana Parada y Martín Hourest se opusieron a esta ampliación. La Justicia se está utilizando para pagar cargos políticos y nosotros nos oponemos a esto. Los recursos públicos no deben ser utilizados para financiar la política, y la Justicia debe demostrar que da un buen servicio a los vecinos antes de ser engordada?.

Gentili, también relató que durante la discusión legislativa para ampliar la estructura judicial, su espacio político entendía la necesidad de crear nuevos juzgados contenciosos pero cuestionaba la necesidad real de una fuerte ampliación del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Esta situación, enmarcada en el enfado generado entre los legisladores de la oposición, por la excusación del Fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, para asistir como testigo a la Comisión Investigadora, podría adelantar un fuerte enfrentamiento entre la segunda minoría parlamentaria y el Fiscal porteño, que podría tomar la forma de un recorte presupuestario fuerte para el Ministerio Público y uno no tan fuerte para los juzgados contenciosos nuevos.

?No es un secreto que estamos en desacuerdo en cómo Garavano maneja el MPF, y también con la autarquía del Ministerio Público. Para nosotros no son lo mismo los jueces del CAyT que hacen cumplir al Ejecutivo la Constitución que Garavano y su sistema monárquico y de una política autoritaria y represiva expuesta en desalojos, manejo de fiscales y su estructura piramidal. Nos tendrán que explicar muy bien el aumento de un presupuesto de un Poder Judicial cuyo servicio al ciudadano no está demostrado que sea eficiente, para que demos nuestro voto?, concluyó.