Proponen un régimen para regular a los servicios públicos
El titular del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Campolongo, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear un régimen que establece una serie de obligaciones para las empresas prestadoras de servicios públicos.
Allí se enumeran, por ejemplo, la obligación de cumplir con lo estipulado en los contratos de concesión y las resoluciones afines, de mantener en buen estado los bienes afectados al servicio, de abstenerse a interrumpir los servicios en forma total o parcial, salvo en casos fortuitos o debidamente justificados -se considera la interrupción como causa de rescisión del contrato-; de dar respuesta oportuna a los reclamos de los usuarios e indemnizarlos por los daños causados y de ejecutar los trabajos de expansión, mejora o mantenimiento de servicio de modo de ocasionar las menores molestias a los usuarios o terceros. También se menciona el deber de prestar el servicio preservando el medio ambiente de la Ciudad y de continuar brindándolo a los usuarios que no puedan pagar la factura respectiva si su interrupción pudiera afectar sus condiciones básicas de subsistencia.
El proyecto de Régimen General de Servicios Públicos de la Ciudad instituye además obligaciones para el Gobierno de la Ciudad, que será el encargado de garantizar que los servicios públicos sean prestados en forma económica y eficiente, de procurar el acceso universal a los servicios públicos, de fomentar la educación para el consumo y asegurar el acceso a la información amplia, adecuada, comprensible y veraz; de proteger el medio ambiente y la salud, la seguridad y los derechos de los usuarios; de evitar la existencia de prácticas anticompetitivas o de abuso de posición dominante en el mercado y de exigir la ejecución de los planes de inversión que aseguren el suministro óptimo del servicio.
También se enumeran una serie de derechos de los usuarios, entre los que figuran: recibir un servicio adecuado y la información completa sobre el mismo, acceder y reclamar una tarifa justa y razonable, interponer reclamos ante el prestador y los órganos de control, formular denuncias ante irregularidades en la prestación, reclamar al concesionario la indemnización integral por daños, participar en el Ente a través de las asociaciones de usuarios legalmente inscriptas, solicitar y asistir a audiencias públicas y obtener la interpretación más favorable a sus intereses en caso de controversia.
Finalmente, se plantea la creación de un sistema de evaluación de la calidad de los servicios públicos que se brindan en la Ciudad para diseñar estándares de calidad y evaluar los servicios prestados. Este sistema será administrado por el Ente Único Regulador de los Servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
