Publicado: 13/03/2008 UTC General Por: Redacción NU

Di Filippo insiste con la ley de transparencia

El vicepresidente del Bloque Coalición Cívica en la Legislatura porteña, Facundo Di Filippo, presentó un proyecto de ley para que todas las áreas que conforman el Estado porteño publiquen el listado completo de su personal. La aplicación de leyes de transparencia ya sancionadas es una deuda de hace años.
Di Filippo insiste con la ley de transparencia
Redacción NU
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El bloque de la Coalición Cívica en la Legislatura porteña pretende que los tres poderes que conforman el Estado porteño, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más sus entes autárquicos y descentralizados como sociedades económicas, publiquen en sus respectivas páginas webs un listado completo de todo su personal, con el cargo o categoría, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), área donde se desempeña y remuneración mensual.

Quien presentó el proyecto de ley, este martes, es el joven legislador Facundo Di Filippo. "El principio republicano de publicidad de los actos de gobierno obliga a mantener permanentemente informada a la ciudadanía; sobre todo aquello que hace al manejo y administración de la cosa pública", destacó el legislador en el comienzo de los fundamentos de su proyecto de ley, en directa alusión a dos normas que nunca se cumplieron.

Las normas que nunca se efectivizaron son la ley 572 (sancionada el 5 de abril de 2001) que obliga a la publicación en internet de la nómina del personal de la administración pública y lo mismo disponía la resolución 29 (aprobada también el 5 de abril de 2001) para el personal del Legislativo.

Al respecto, Di Filippo advierte que puede atribuirse el incumplimiento de aquella ley porque "no precisaba con exactitud donde debían publicarse la nómina y datos de los funcionarios", pero destaca que ?no se encuentran argumentos que justifiquen la falta de cumplimiento de la Resolución 29?.

La iniciativa del legislador por Coalición Cívica también prevé la obligación de publicar la nómina de todo el personal de los organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas donde el Estado porteño tenga participación en el capital o en la formación de decisiones societarias.

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