El Poder Judicial reivindicó su presupuesto original

Con mayoría absoluta de abogados en el Salón Montevideo del Palacio legislativo se realizó este jueves en horas del mediodía, la reunión del Poder Judicial porteño ante la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Juan Manuel Olmos.

Las exposiciones fueron iniciadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Casás, quien aseguró que el monto presupuestado para el año 2008 (11.400.000 pesos) contempla íntegramente las necesidades económicas del máximo tribunal porteño. Con esa suma no sólo se cubriría el costo salarial de los empleados -personal profesional en casi su totalidad-, sino que incluiría mejoras en la biblioteca y el sistema informático, como así también el presupuesto necesario para efectuar las elecciones de comunas en agosto próximo.

En segundo lugar tomaron la palabra los Generales del Ministerio Público.

Germán Garavano, titular del Ministerio Público Fiscal, luego de describir los programas que se iniciaron éste año y de resaltar la importancia de "poner en funcionamiento próximamente 15 oficinas de recepción de denuncias" para descentralizar el servicio de las fiscalías; describió que el presupuesto diseñado de 55.480.979 pesos "fue recortado a 47 millones".

"El 88 por ciento del presupuesto corresponde al pago de haberes. El presupuesto que elevó Hacienda para el Ministerio Público Fiscal representa sólo medio punto, 0.5 por ciento de lo que gasta la Ciudad. Este año se contabilizaron 33.500 expedientes en las 24 fiscalías. Para el año próximo proyectamos llegar a 50 mil", subrayó el Fiscal General.

El Defensor General, Jaime Mario Kestelboim, también recalcó la necesidad de avanzar en la descentralización del servicio de justicia y describió un proyecto de la Defensoría General para crear "secretarías generales con personal transitorio, que serían una especie de gabinete para las políticas dirigidas a la comunidad". De un presupuesto para personal exclusivamente de 28.500.000 de pesos, tres millones y medio estarían dirigidos a los sueldos de los "cargos políticos calificados y con más de treinta años de experiencia". Sin embargo, el presupuesto de Hacienda llevó a 2.711.712 pesos la suma que sería asignada para personal transitorio.

La propuesta de Kestelboim no fue muy bien recibida. Alejandro Rabinovich manifestó que "no encontraba el motivo para crear cargos políticos de planta transitoria en la Defensa" y resaltó que no hubiera "homogeneidad" entre las cabezas del Ministerio Público. Jorge Enríquez criticó la propuesta argumentando que "los constitucionalistas crearon un sistema de justicia técnica y no política". Y Juan Manuel Olmos preguntó varias veces si "inclusive el personal al servicio de los responsables de las secretarías" también serían cargos transitorios y políticos, obteniendo como respuesta un si.

Laura Musa, Asesora General Tutelar de Menores e Incapaces, se mostró desesperanzada por el presupuesto elevado por Sergio Beros y comentó: "El presupuesto pasado fue de 7.600.000 pesos, este año propusimos uno de 10.300.000 que incluía la creación de una asesoría Contravencional y de Faltas, una de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario y una de Cámara -mucho menos de lo que nos permite la ley-. Hacienda lo ha recortado terriblemente, a nuestra área sólo le ha dado un aumento del 1.7 por ciento. Siguiendo la comparación hecha por Garavano, la Asesoría Tutelar sería el 0.0... algo del presupuesto total".

El Consejo de la Magistratura fue el último en presentar sus planteos y también, el más extenso. La presidenta de la institución, Carla Cavaliere, manifestó que el presupuesto original de 356 millones de pesos para el Poder Judicial incluía al Ministerio Público y a los servicios que el Consejo de la Magistratura brinda a las distintas áreas judiciales.

"La ejecución 2007 llegará al 98 por ciento en diciembre. El Consejo de la Magistratura necesitaría un incremento de 62 millones de pesos para cubrir licitaciones que están a punto de adjudicarse, aumentos salariales, reacomodamietos de haberes, mejoras edilicias y los nuevos juzgados", expresó. Y agregó: "La previsión del presupuesto elevado por Hacienda tiene previsión 0. No tiene estipuladas las reformas edilicias para los nuevos juzgados, ni la guardería propia, ni incrementos salariales. La semana pasada adquirimos un edificio en Libertad 1042 que necesita modificaciones para alojar a la Cámara Contravencional y de Faltas y Fiscalías, esto tampoco está contemplado. Lo que remitió Hacienda no alcanza para pagar los sueldos. Y tampoco han previsto los aumentos en los alquileres de edificios", dijo.

El punto edilicio mereció una extensa exposición. Martín Borrelli preguntó si el Consejo tenía conocimiento y estaba de acuerdo con los proyectos sobre expropiación de los edificios de Avenida de Mayo y Combate de los Pozos, Jorge Enríquez pidió detalles de los costos de los alquileres y Olmos resaltó que la Legislatura apunta a que la justicia tenga edificios propios.

Cavaliere consideró que sería más adecuado endeudarse para comprar un edificio acorde a las necesidades que expropiar varios que no satisfacen enteramente los requerimientos de la justicia. También señaló que actualmente están pagando 55 mil pesos por mes por el edificio de Avenida de Mayo (los propietarios piden 180 mil) y por el de Combate de los Pozos 39 mil, que podrían convertirse en 80 mil si acceden a lo solicitado por sus dueños.

La reunión se dio finalmente por concluida luego que el consejero Julio De Giovanni, solicitara a los legisladores presentes que "el próximo año se formalice un ámbito permanente de dialogo", que la justicia porteña "cuente con las competencias necesarias para brindar un mejor servicio de justicia", y que se modifique "la forma en que el Poder Ejecutivo envía las ejecuciones fiscales".