El Gobierno porteño deberá darle vivienda a un discapacitado
Los denominados fallos sociales son cada vez más frecuentes en le fuero porteño y son los jueces quienes se encargan de obligar al estado a cumplir con obligaciones tales como asistir con alimentos o una vivienda a ciudadanos necesitados. Ahora, el juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 ordenó al Gobierno porteño que ?garantice en términos efectivos el derecho a una vivienda adecuada? a una persona discapacitada en situación de calle.
La causa iniciada por una acción de amparo ordenaba mediante una cautelar que el Gobierno de la Ciudad ?asigne al actor una vivienda digna para su hospedaje incluyéndolo dentro de alguno de los planes existentes?.
En la sentencia, además, se resolvió el fondo de la presentación y Gallardo fijó algunas pautas sobre cómo debería garantizarse en ?términos efectivos? el derecho a la vivienda.
?Es menester defender la vigencia del orden jurídico frente a la amenazante prevalencia de ciertas doctrinas económicas. El único cambio hábil que disponen quienes consideran que los derechos humanos son programáticos es el de la denuncia de los tratados y la reforma constitucional?, agregó.
Con respecto a la solución de los paradores, el magistrado señaló en el fallo que ?han venido a aportar -como claramente lo indica el artículo 31 de nuestra Constitución local- un mero paliativo de carácter transitorio?.
Y, sobre los subsidios, Gallardo señaló que ?el pago de subsidios únicos que no impliquen una solución perdurable en tanto duren las condiciones que dieron origen a la asistencia, opera, en este orden de ideas, como recurso estéril, en tanto al no modificar la causa estructural conlleva al necesario retorno del subsidiado al conjunto de demandantes de vivienda?.
