El valor inmobiliario, en la mira del TSJ

Una resolución de la Administración Gubernamental de Ingresos Brutos (AGIP) del año 2010 en la que se fijó un nuevo procedimiento para determinar el valor inmobiliario de referencia de los inmuebles de la Ciudad (valor sobre el que se calcula la base imponible del impuesto al sello y el ABL) fue cuestionada ante la Justicia porteña en un planteo de inconstitucionalidad. En el marco del tratamiento de la causa, el Tribunal Superior de Justicia dispuso la realización de una audiencia pública el próximo miércoles 31 de agosto, a partir de las 15, en la Sala de Audiencias del máximo tribunal porteño (Cerrito 760).

En la audiencia, las partes expondrán sus posiciones. La causa, impulsada por Rodolfo Spisso, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la resolución por la cual se actualizaron algunos valores de propiedades en la Ciudad (aquellos inmuebles que desde el PRO remarcan que son los únicos que tienen un valor inmobiliario más cercano al de mercado), argumentando que la Dirección General de Rentas, al fijar el valor inmobiliario de referencia de los inmuebles sin dictar un acto administrativo previo y sin dar intervención al contribuyente, viola el derecho de defensa (garantizado en la Constitución Nacional y de la Ciudad)y la normativa contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Sobre los cuestionamientos planteados, el Fiscal General porteño, Germán Garavano, en su dictamen, sugirió que se rechace la acción declarativa de inconstitucionalidad por sostener que ?en una metrópolis como la CABA, exigir a la Administración una tarea semejante como la que parece proponer el accionante (permitir a cada contribuyente una instancia para cuestionar la modificación del valor inmobiliario de su propiedad a modo de derecho de defensa) resultaría prácticamente de imposible cumplimiento, o al menos, de costos altísimos para el Estado y, consecuentemente para la comunidad, lo que resultaría irrazonable?.

El Fiscal porteño, también resalta en su dictamen que el planteo de inconstitucionalidad no cuestiona ?ninguna de las disposiciones? de la resolución, sino ?lo que no dispone? (que debería dictar acto administrativo previo con vista al contribuyente antes de modificar el valor del inmueble).

El resultado de esta causa, lo que finalmente resuelva el TSJ, es esperado con interés y algo de impaciencia por los legisladores porteños (tanto del PRO como opositores), ya que de hacer lugar al planteo y declarar la inconstitucionalidad de la resolución de la AGIP en la que se establece el procedimiento para modificar el valor de las propiedades inmuebles, el proyecto de actualización del ABL que impulsa el macrismo se vería afectado. Un fallo que rechace el planteo, en cambio, fortalecería la posición del oficialismo a favor de actualizar los valores de los inmuebles porteños, y con ello, incrementar los ingresos a las arcas de la Ciudad.