Cromañón: ocultamiento de pruebas

La audiencia de este lunes se concentró en dos cajas azules. Es que dentro llevaban intimaciones a República Cromañón por la cuestión del certificado de incendios, que es un requisito obligatorio para la habilitación.

La primer testigo María Angélica Lobos fue coordinadora de Jurídicos, Clausuras e Intimaciones de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC).

Ella contó que el primero de enero apareció una caja azul arriba de una armario que dividía distintas áreas. Tenía la documentación de intimaciones a diferentes boliches. ?La caja estaba cerrada con un cartel que decía personal. Ahí aparece plano de habilitación y certificado de bomberos. A los días en un lugar cerca de la primera oficina aparece otra caja abierta y con intimaciones no respondidas. Nadie sabe como apareció allí. Se fijaron en el sistema pero no estaban cargadas, no era solo Cromañón?, testificó Lobos, quien formó parte de la lista de Fuerza Porteña gracias a Carlos Padron, y además por estar ligada al ex funcionario Marcelo Antuña, con llegada directa al ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Declaró desde las 10 hasta pasadas las 13.

La segunda testigo, Vanesa Berkowski, 38 años, soltera y abogada. Actualmente es la encargada de controlar justamente los boliches, ya que es titular de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC). El fiscal general Jorge López Lecube fue quien requirió su testimonio.

Ella llegó a la gestión ibarrista luego de renunciar al estudio Fernández Mouján, allí se dedicó a derecho administrativo. Siendo afiliada a Recrear (el partido de Ricardo López Murphy) Berkowski ingresó a la subsecretaría de Trabajo, y después Lobos la llevo a la DGFyC. Allí la testigó se encargó del área Técnico Legal y la contestación de oficios. De ahí sus pasos fueron hasta la cúspide del área.

El testimonio de Berkowski fue sorprendente para todos los abogados, tanto defensores de imputados como los querellas. A este cronista llegaban los comentarios de ?cómo puede ser que sea la actual responsable. Es una locura?, repetían a la salida de Tribunales.

?Recuerdo que cuando llegué en noviembre de 2003 había expedientes en canastos ubicados en el pasillo?, expresó la testigo de como se cuidaban miles de expedientes, a la mano de cualquier empleado. Respecto a la caja azul contó Berkowski que se enteró porque vio que la entonces directora adjunta de Fiscalización y Control, Ana María Fernández, que llamó a un colaborador de su área para que la ayudara a bajar una cosa. Todo esto ocurrió cuando aún no se conocía cuantos fallecidos había dejado el incendio.

?Veo que la directora adjunta llama al doctor Claudio Mesa. Me acercó a ver lo que estaban buscando. Entonces Claudio baja una caja de arriba de un armario. Adentro la caja tenía intimaciones pero eran diferentes en formato a la que nosotros trabajábamos. Eran actuaciones de la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) por la ordenanza 50250 (la que requiere certificado contra incendios). Era una caja azul de plástico, cerrada y escrito con liquid paper. La caja estaba más del lado del área de Intimaciones. No recuerdo si la abrió Claudio o la doctora Fernández. Después me fui a avisarle a María Angélica Lobos. No recuerdo si la movieron. Después Lobos se acercó y se llamó a una escribana. No se bien que pasó después pero creo que la caja la llevaron a una caja de seguridad?.

La testigo no expresó de manera voluntaria que había hablado con la actual imputada Ana María Fernández ese 1 de enero 2005 cuando encontraron la caja azul. La testigo pensaba, dudaba y dejaba silencios hasta que dijo ?le pregunté a la doctora Fernández que buscaban. No recuerdo que me contestó. Después de eso me solicitó mi coordinadora (o sea Lobos) que hiciera un informe de lo ocurrido?.

Le leyeron su declaración del 2005 en el proceso de instrucción. ?Ana María Fernández me dijo que lo de la caja no era nada. Yo le insistí en saber que era. Vimos la caja en su escritorio junto al asesor Mesa. Le dije de ayudarla pero me dijo que no?.

Berkowski además manifestó que ?no tuvo sospechas de la aparición de la caja azul. Ya que allí había muchos expedientes que no fueron inventariados?.

Otro de los puntos turbios, y sobre lo que la testigo Berkowski no fue contundente, fue el de la búsqueda de expedientes y otros papeles sobre Cromañón que servirían de pruebas para la justicia. ?Me llamó Lobos en la madrugada del 31. Me dijo que prendiera la tele y fuera a la oficina porque me podían necesitar. Fui a la oficina del primer piso en la avenida Patricios pero no hubo una búsqueda. También trabajamos el primero y el dos de enero porque había que mandar cedulas a los boliches?.

Berkowski negó que hubo una búsqueda de papeles por funcionarios, entonces le mostraron una nota por pantalla, que llevaba su firma, y en la que asegura de haber participado de una búsqueda exhaustiva de expedientes.

Berkowski se justificó diciendo que no se buscó puntualmente algo ?se hicieron búsqueda pero no en mi área. La verdad?ehhh?buscaban resoluciones, requerimientos de la Defensoría?. Y volvió a repetir que ?al haber mala acumulación podían aparecer registros, expedientes y carpetas?.

Las personas que participaron de la búsqueda, según Berkowski, fueron ?el director Gustavo Torres (hoy imputado), su asesor Martín Galante, Agustín Ledesma y Sebastián Bruni?. A mi no me requirieron nada pero me quede un rato?.

En audiencias previas un inspector contó que una funcionaria le expresó que ?Agustín Ledesma violentó por la fuerza una oficina donde se guardaban expedientes?, y otro testigo, abogado de boliches de cumbia, contó que ?había visto al propio Torres bajando pilas de expedientes el 31 de diciembre de 2004 y metiéndolo en una auto junto a sus asesores?.

Es llamativo que Berkowski estuviera presente en la búsqueda porque según sus propias palabras no hizo "nada" y además porque pese a estar en legales ?no conocía requerimientos de la Defensoría sobre el tema boliches. Tampoco de la Legislatura. Se hablaba que existían pero nunca los vi?.

No es sorprende que se desconociera informes de diferentes instituciones del Estado. La misma testigo contó que "el archivo de la Dirección de Verificación y Control (disuelta por Ibarra con el argumento del ?focazo" de corrupción) estaba en el sexto piso. Se hablaba que había 120 mil expedientes. De hecho para ordenarlo se contrató a una empresa. 79 mil actuaciones sin revelar había en abril del 2006 y recién fueron analizadas todos en el 2008?. Además añadió en un momento de su declaración que ?cuando ingresé a Legales de la DGFyC había retrasos de cuatro meses en contestación de oficios?.

Ante tanta deficiencia ?poco personal y sin sistema informático? igual reconoció que ?lamentablemente? no pidió informes de lo que había cuando llegó a Legales. Y para empeorar las cosas tampoco ?las actuaciones estaban correctamente? y de esa base de dato en Excel ?no había casi nada hecho del 2003. Sí un poco más del 2004?. Cuando en el 2005 Berkowski llega al área de actuaciones pendientes no pudo encontrar ?el inventario de escribanía del 2003?.

Cuando el abogado José Iglesias la consultó sobre documentación destruida, en total se calculan 600 expedientes según un inspector, la funcionaria no sabía de ello. También negó haber hablado antes de su declaración con María Angélica Lobos o de haberse encontrado personalmente con quien la precedió en la declaración.

Terminada la extensa declaración de Vanesa Berkowski el abogado defensor Oscar Vignale solicitó un careo entre las dos testigos de la jornada. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 quedo en contestarle.

Para el abogado Iglesias, y padre de una víctima, ?nos acomodaron las pruebas. Dejaron a la luz lo que querían. Por eso nunca apareció la orden de trabajo cuando se realizó tenía previsto inspeccionar Cromañón y Latino 11. Por eso es que el coordinador de inspectores Víctor Tellías en enero de 2005 quiere hacer un acta sobre el boliche. Tampoco nunca apareció la documentación anexa de Cemento. Esto es clarísimo. Acá se cajonearon los expedientes en el sexto piso".

Altas fuentes judiciales expresaron a NOTICIAS URBANAS que la sentencia debe llegar antes del 23 de agosto, de caso contrario prescriben las imputaciones a los tres funcionarios ibarristas.