La impunidad es sentencia
?Kirchner estaba a la cabeza de la mesa en su despacho de la Casa Rosada. Recibió a algunos padres y a mí me dijo: ?Yo no le voy a dejar ningún hecho trágico a quien me suceda; no voy a dejar esta herencia?. A cinco años, la impunidad en Cromañón es tal que vamos a golpear las puertas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José de Costa Rica?, anticipó a Noticias Urbanas José Iglesias, padre de una de las 194 víctimas, Pedro, y querellante en varias demandas penales derivadas del incendio en el salón de baile del Hotel Central Park, conocido como República Cromañón.
Una fría, calculada y veloz puñalada fue producida recientemente por la cúpula del Poder Judicial vernáculo. De ahí que el abogado Iglesias, titular de la asociación civil Que No Se Repita, le diera la primicia a este medio de que recurrirá a los tribunales internacionales para que el Estado argentino no entierre la mayor tragedia no natural de este país sin encontrar a sus responsables.
Se definió la concurrencia a la CIDH tuvo tras conocerse que la causa SAME y la causa Morgue, vinculadas directamente con la tragedia, no llegarán a juicio oral y público. Por lo tanto, no habrá condenas. También, al conocerse que la gestión Macri no sólo ascendió a funcionarios sumariados por Cromañón, sino que ratificó su negativa a sancionar administrativamente a aquellos sospechados durante el último juicio oral.
El viernes 18, los jueces de la Sala III de Casación Penal (Guillermo Tragant, Eduardo Riggi y Ángela Ledesma) rechazaron el recurso de los familiares de las víctimas por medio del cual perseguían el enjuiciamiento penal, conocido como causa SAME, de todos los responsables del operativo de emergencia que se implementó minutos después del incendio.
En tanto que el lunes 21, José Iglesias, en su estudio de Acevedo al 500, recibió la resolución de la Sala I de Casación, que también rechazó la elevación a juicio de la causa titulada ?Donnewald Heraldo y otros s/incumplimiento de autor y violación de los deberes de funcionario público?, relativa a las profanaciones cometidas en la morgue judicial con los cuerpos de los fallecidos.
?Si bien son salas distintas de Casación, las dos mantienen la misma línea argumental. No sólo eso. Por esa semana, de pura coincidencia, aparece una petición de los vecinos por la reapertura de la calle Bartolomé Mitre. Está claro que el poder político nos está cobrando la factura de haber tenido la osadía de enjuiciar al Jefe de Gobierno y que fuera echado por la ley?, consideró José Iglesias ante NU. En El padrino, de Mario Puzo, esto se resumía con excelencia: ?La venganza es un plato que se come frío?.
La causa de emergencia tiene sus sepultureros en el segundo piso del inmenso edificio de Comodoro Py al 2000, en el que trabajan los jueces de la sala III de Casación Penal Nacional. Bajo la carátula ?Delito de abandono de personas? definieron una causa que implicaba a 360 cuerpos, que comprometía a gran parte de la estructura de Salud porteña y que sobrevivió a diversos intentos de ser licuada por tres jueces.
Por el fallo judicial nadie quedó definido como responsable por la falta de ambulancias, por la carencia de equipos de primera necesidad (como tanques de oxígeno), por no instalar un hospital de campaña en el lugar de los hechos, por no aplicar un plan maestro de emergencia diseñado en 2000, por el traslado en vehículos no autorizados, por la falta de vallado en el lugar y por no clasificar a las víctimas, lo que hubiera salvado una importante cantidad de vidas.
Ese perdón masivo a los funcionarios en la causa SAME pasó por alto que ?por acción o por omisión, algo tuvieron que ver con la muerte de más del 40 por ciento de los chicos participantes del recital del 30 de diciembre?, sostuvo en un documento el conjunto de grupos de familiares el miércoles 30 de la semana pasada frente al Palacio de Justicia. Quienes se beneficiaron con el sobreseimiento de la Sala III son: Aníbal Ibarra, Jorge Telerman, Juan Carlos López, Alfredo Stern (ex secretario de Salud), Roberto Feletti, Germán Fernández, Víctor Capilouto, Gabriela Alegre y Julio Salinas.
La defensa que esgrimieron los funcionarios por el operativo de asistencia médica el 30 a la noche es que fue un caos. Justamente, ese tipo de situaciones, como un incendio, son caóticas en todo el mundo y se solicita la existencia de expertos en la función pública para solucionarlas.
En el comité de crisis de Defensa Civil no estuvieron presentes los altos mandos del Gobierno porteño; tampoco recorrieron los hospitales la noche que derrumbó las aspiraciones presidenciales de Ibarra. ?Les importaba su imagen, por eso sacaron los cuerpos de Once, para que no salieran en las pantallas de TV. Después vendría el caos de ambulancias derivadas al hospital Ramos Mejía. Los chicos fueron lesionados por Chabán y muertos por el SAME?, agregó Iglesias, en la entrevista concedida a este medio en su estudio.
?Fue tan desastrosa la causa, que el juez Baños lo procesa a Galmarini, del SAME, por estar arrepentido y decir que el trabajo de esa área fue un desastre. Y también procesó al comisario Cano por permitir que los patrulleros trasladaran a las víctimas ante la falta de ambulancias, lo que entre otras cosas salvó a mi hijo de no quedar en la calle y sí llegar al hospital Rivadavia. Por el escándalo que armé, Galmarini y Cano no fueron condenados?, relató Iglesias.
El cambio de rotulación del sexo de los cuerpos (hasta alguno con embarazo), que estuvieron a la intemperie con temperaturas de 40 grados cuando en el cementerio de Chacarita la cámara frigorífica tiene capacidad para 350 cuerpos; la entrega tardía de cuerpos irreconocibles (a algunos tardaron dos días en encontrarlos), la confusión y cambio de cadáveres, que provocó el desenterrarlos, implicó una causa contra la intocable morgue que depende de la Corte Suprema de Justicia. Pero todos los hechos, para los jueces de la Sala I de Casación, no significaron suficientes motivos para imputar a los funcionarios por incumplimiento de sus deberes.
El jefe de la morgue, Heraldo Nelson Donnewald, es el mismo que fuera denunciado en causas ligadas a la represión de la dictadura militar junto a una treintena de médicos. Los nombres del horror por la causa Morgue en democracia se completan con: Osvaldo Curci, Luis Alberto Bosio, Roberto Víctor Cohen, José Ángel Patito, Héctor Vázquez Fanego, Oscar Ignacio Rossetti, Carlos Alberto Navari y Víctor Luis Poggi.
José Iglesias pocas veces habla con la prensa de su experiencia personal. Si se le pregunta accede, pero tampoco detalla. Esta vez habló de aquel momento en que era sólo padre de Pedro y no referente de otros padres y de sobrevivientes. ?A Pedro me lo perdieron. Encima veías pasar las morgueras que no tienen techo con los cuerpos apilados uno encima de los otros. Al otro día conseguí el teléfono de Donnewald. Me respondió que si me dijeron que mi hijo estaba en la morgue es porque estaba ahí. Que estaban haciendo lo posible, que se habían quedado de guardia y que entendiera el contexto. Entonces le respondí que iba a procurar que cuando se me muera un hijo sea un día hábil?, sostuvo Iglesias, que lleva las causas y los juicios orales junto a Beatriz Campos.
La resolución de los jueces de la Sala I, integrada por Raúl Madueño, Juan Rodríguez Basavilbaso y Juan Fégoli, no sólo beneficia a los forenses sospechados; hasta llega a deslizar que los familiares deberían pedir disculpas por poner en duda la idoneidad de los profesionales. Este mismo argumento es el que esgrimió Aníbal Ibarra hace pocos días en una entrevista.
La excelencia de los forenses fue tal que en tres días se hicieron 200 autopsias. Algunas de ellas tardaron tan sólo tres minutos cuando lo normal son 40 o 45 minutos.
Pero la impunidad fue sentenciada por la Ciudad. Tras Cromañón, la Procuración General de la Ciudad, el cuerpo de abogados a disposición del Poder Ejecutivo que tiene potestad, según la Constitución, de tramitar los sumarios administrativos, inició investigaciones a empleados de planta para aplicar sanciones disciplinarias. De un total de nueve sumarios, la Procuración General archivó siete, y a punto está de ser archivado el primero de todos los que se iniciaron. Todos estos sumarios están publicados en el Boletín Oficial y son de acceso público.
La resolución 1/2005, conocida como sumario madre, a la que se le anexó otro sumario, comenzó el 3 de enero de 2005. A un año de iniciar esa investigación, Graciela Filardi, la encargada del sumario, llegó a la conclusión de que debían ser cesanteados todos los investigados. Ello implicaba echar a una totalidad de 57 funcionarios. Entonces, el contundente dictamen de Filardi, una reconocida experta en derecho disciplinario, fue dejado de lado. Y ella también. El dictamen sobre la expulsión de casi 60 empleados quedó en el olvido y Filardi fue apartada del Gobierno de la Ciudad por medio de intimidaciones, como reconoció en sede judicial.
NU supo por fuentes confidenciales de Procuración que Filardi habría sido intimidada en una reunión convocada por la entonces titular del organismo, Alejandra Taddei. En esa reunión, además, se encontraba la hermana de Aníbal y entonces senadora, Vilma Ibarra, que tiene comprometida en la causa Cromañón a su amiga íntima Fabiana Fiszbin por haber sido subsecretaria de Control Comunal, área que tenía a su cargo las inspecciones.
Las irregularidades de Cromañón que constan en la Justicia apuntan a la habilitación con planos falsificados, certificados de bomberos vencidos y no haberse inspeccionado el local. ?Estas cosas son tan groseras que, a simple vista, deberían haber clausurado Cromañón el mismo año que se creó, en 1997. Cuando vimos que se acercaba la prescripción por los cinco años transcurridos presentamos tres notas a la Procuración para saber la situación de los sumarios. Tuve reuniones con Pablo Tonelli, entonces procurador, y ahora con Ramiro Monner Sans, su reemplazante. Más allá de la cordialidad, hablé siempre con adoquines, tanto por Tonelli como Monner Sans. Siempre di contra la pared. Esto es a las claras un acuerdo del ibarrismo y el macrismo. En tanto que este cuadro se une con lo penal?, aseveró Iglesias, quien años atrás era acusado por algunos sectores de macrista.
Los familiares tienen el derecho constitucional de demandar a los responsables de Cromañón en lo civil, en lo penal y en el Gobierno, por medio de posibles sumarios. Todo eso es probable, pero en Cromañón no se produjo ninguna de estas tres alternativas legales. ?Esto no es una sensación. Es la consumación de la impunidad?, reflexionó Iglesias.
A pocos meses de cumplirse cinco años del incendio en Cromañón pasó el juicio oral ?Chabán, Omar y otros?, con condenas que se están evaluando en Casación. Se trata del primer juicio sobre bomberos y empresarios de boliches que ha llegado a la Corte Suprema; aunque el único preso luego de los dos juicios orales realizados hasta ahora sea un bombero de la Federal. En tanto, el rol de la Ciudad no parece ser mejor. Transcurrida casi media década, la Procuración no fue capaz de dar a conocer las faltas disciplinarias y sus respectivas sanciones a los involucrados.
Después del juicio oral que tuvo como protagonista a Chabán, la asociación civil Que No Se Repita pidió conocer los sumarios realizados a partir de las declaraciones en el juicio. Los macristas, ya en la Procuración, supuestamente férreos opositores del ex fiscal Ibarra y los beneficiarios directos de su expulsión del gobierno, no habían anotado los reveladores testimonios que demostraron las irregularidades con que procedían inspectores de trabajo, de seguridad e higiene, de control, de habilitaciones y de obras.
Entonces los abogados Iglesias y Campos enviaron una lista con cada uno de los testimonios comprometedores a la Procuración. Los letrados del Gobierno local acusaron recibo y dieron su posición. ?Iniciamos acciones presumariales?, y agregaron a través de la directora de sumariados que ?lo surgido en el juicio no es suficiente?. Ése es el rol de la procuración PRO a cargo del hijo de Ricardo Monner Sans, reconocido abogado denunciante del poder político en cada gestión. Al parecer, el carácter no se hereda.
?Esto tiene aspecto, olor, perfil, y es impunidad. Existe continuidad en lo que se oculta. Los acuerdos son tan obvios como que Eduardo Samuel Cohen es ascendido. Pasó de aprobar los planos de la instalación eléctrica de Cromañón a encargado de la megaobra por el arroyo Maldonado. Cohen pasó la gestión de Ibarra, Telerman, y ahora es ascendido con Macri?, concluyó el conocido padre de Cromañón. La verdad es restregarse con arena el paladar.
LOS PREMIADOS
1- La abogada de los boliches: Vanesa Berkowski fue ascendida por PRO a la cúspide de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC). En 2004 era responsable en Legales. Estuvo presente en el momento en que misteriosamente apareció una caja azul que contenía actuaciones por la ordenanza que requerían certificado contra incendios.
2- El electricista de Cromañón: Eduardo Samuel Cohen aprobó la instalación eléctrica del local (es ingeniero electrónico). También, por medio del gobierno PRO, está a cargo de la obra en el arroyo Maldonado. Con su firma se entregaron 13 millones de dólares más para la empresa del primo de Macri.
3- El habilitador del local: Roberto Daniel Calderini tiene tanto peso que a poco de ir a juicio oral su tarjeta personal aparece en la Agencia Gubernamental de Control para habilitar lo que sea. Fue quien firmó la habilitación de El Reventón. Entonces vio un sistema de automatización de los portones que nunca fue ubicado.
4- El verificador: Gustavo Daneri es el ex coordinador del área de Verificaciones y Control que Ibarra bautizó como ?el focazo de corrupción?. Él desmintió que se frenaran clausuras mediante handy. Estuvo a punto de ser designado director de Protección del Trabajo; quedó finalmente en Jurídicos hasta que hace tres meses fue removido luego de una denuncia por presunto acoso sexual recogida por la Defensoría del Pueblo.
5- El arquitecto de Cromañón: Horacio Campesi firmó el plano de habilitación del local bailable El Reventón. Sufrió un escrache en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) por el arquitecto Raúl Morales, padre de Sofía, fallecida el 30 de diciembre de 2004. Las falencias del plano: exceso de superficie permitida, el ancho de las puertas de salida, el entrepiso sin salida independiente, el exceso en los 40 metros máximos permitidos para la evacuación.
6- El cadete: Martín Galante era asesor del titular de la Dirección de Fiscalización y Control (DGFyC), Gustavo Torres. El funcionario, junto a sus asesores, fue visto el 31 de diciembre de 2004 retirando pilas de expedientes de las oficinas del gobierno porteño. Galante siguió en esa área reciclada como la Agencia Gubernamental de Control. Fue derivado a Educación, bajo el ala del ex Recrear Esteban Bullrich.
