Propaganda médica y geriátricos, los temas de la sesión

La Legislatura de la Ciudad aprobó este jueves una ley que regula la actividad de información médica referida a la composición, posología y finalidades tanto terapéuticas como científicas de especialidades medicinales con destino al consumo humano. Se especifica además que dicha actividad es ejercida por los Agentes de Propaganda Médica debidamente habilitados.

Respecto a la autoridad de aplicación de la norma quedará a cargo de la Secretaría de Salud, que deberá conformar un Registro de Inscripción de Agentes de Propaganda Médica, en el que se deberán inscribir obligatoriamente aquellas personas que se dediquen a esa actividad.

Entre los requisitos para inscribirse en dicho registro se destaca el poseer título habilitante como Agente de Propaganda Médica expedido por establecimientos de Educación Terciaria y/o Escuelas de Capacitación reconocidas. Entre las obligaciones de los Agentes de Propaganda Médica se menciona: realizar la difusión y promoción de los medicamentos, mediante información pertinente y observando estrictas normas éticas; entregar productos o muestras medicinales a profesionales autorizados para recetar, quedando absolutamente prohibida la entrega de los mismos a terceros no encuadrados en la referida categoría profesional.

La ley establece que motiva la suspensión o cancelación de la matrícula, otorgada por la autoridad de aplicación, a los Agentes de Propaganda Médica en los siguientes supuestos: brindar información que exceda, distorsione y/o falsee, los aspectos objetivamente científicos sobre los mecanismos y/o la acción terapéutica específica de los medicamentos; cometer actos reñidos con la ética ofreciendo comisiones, prebendas o algún tipo de incitación o recompensa, entre otros.

En cuanto a sanciones a los laboratorios, la norma prevé que esas empresas o distribuidoras o representantes de los mismos que promuevan la violación de las disposiciones de la ley votada serán multadas con sanciones que van entre los 50 y 200 sueldos básicos del convenio colectivo de la actividad.

Finalmente la ley sancionada establece que por única vez, y dentro del primer año de vigencia de la presente norma, podrán matricularse en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, todas aquellas personas que acrediten mediante certificados de trabajo y aportes o recibos de sueldos emitidos por la empresa empleadora, ejercer o haber ejercido la actividad de Agente de Propaganda Médica.

Durante el debate previo a la votación los diputado Jorge Mercado (Cambiemos Buenos Aires) y Jorge San Martino (Recrear) advirtieron la necesidad de reunir una mayoría especial de 31 votos para la votación del artículo 10 del proyecto en el que se plantean sanciones, con el fin de evitar un futuro veto por parte del Ejecutivo. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio De Giovanni, consideró que "al llegar al momento del debate en particular de ese artículo el cuerpo podría constituirse en Comisión (decisión que efectivamente adoptó el Cuerpo) con el objeto de realizar el tratamiento debido". San Martino también destacó que el proyecto en cuestión "no había sido tratado en la Comisión de Salud, siendo que la temática así lo requería".
En apoyo a la Ley, el diputado Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires) consideró que el proyecto tenía "una sólida apoyatura constitucional". Por el mismo bloque, el Vicepresidente Primero de la Legislatura, Diputado Santiago de Estrada, señaló que este tema tiene el apoyo del movimiento obrero organizado al informar que recibió tres notas de los tres Secretarios Generales de la CGT, pidiendo la sanción de esta Ley.

Por su parte el diputado Juan Manuel Velasco (ARI) subrayó que "esta ley viene a subsanar un desequilibro que afecta a los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires. Esta actividad está regulada en otros países y está reconocida por la Organización Mundial de la Salud". El legislador también destacó que "los trabajadores presentes en el recinto en apoyo de la ley pertenecen a distintas centrales sindicales, tanto a nivel nacional como de la ciudad".

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Helio Rebot (Frente para la Victoria), comenzó su discurso preguntándose "hasta cuándo vamos a permitir que los trabajadores sigan siendo carne de cañón de las empresas inescrupulosas y hasta cuándo vamos a dejar a los trabajadores de propaganda médica a merced de las presiones de corporaciones que en este país han llegado a voltear presidentes. Hay una necesidad que no debe ser postergada, tenemos que proteger la salud de los vecinos".
La diputada María Soledad Acuña (Frente compromiso para el Cambio), adelantó el voto favorable en general de su bloque, pero planteó las disidencias respecto de dos artículos. Ambos, sostuvo la legisladora, "fueron modificados los últimos días de trabajo del proyecto de la Comisión a partir de la aparición de otros actores en la mesa de discusión, y modificaron el espíritu de la norma". Uno de ellos, que dispone las sanciones, además de que, según Acuña, debió haber sido discutido en la Comisión de Justicia, "no tiene nada que ver con el ejercicio de la propaganda médica, sino que se refiere a las conductas éticas de los laboratorios". Con respecto al otro de los artículos criticados, señaló, entre otras cuestiones, que en él se omite la capacitación del personal y que tampoco se tiene en cuenta la antigüedad en el ejercicio de la profesión para la matriculación.

En respuesta a lo planteado por Acuña, la diputada Beatriz Baltroc (Autonomía Popular) indicó que "los agentes de propagandas han hecho cursos de capacitación en los mismos sindicatos previo al ejercicio de la profesión, por lo que el tema de la antigüedad no corre". También recordó a los presentes que "este proyecto se viene discutiendo desde el año 98" y agregó: "si no ha salido hasta ahora fue porque la industria farmacéutica ha presionado para que no salga".
A su turno, la diputada Susana Etchegoyen (19 y 20) manifestó que no va a aceptar las falsas excusas de 'falta de informes técnicos' y de 'desprolijidad' en el tratamiento del expediente y señaló que eso es "un intento tibio de poner diques a la sanción por falta de ética de la industria farmacéutica".

Además el Cuerpo sancionó una Ley que establece que "los titulares o responsables de los Establecimientos Geriátricos y otros servicios de atención gerontológica que brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad están obligados a permitir el ingreso, sin perjuicio del horario habitual de visitas, a las personas a cargo de los adultos mayores allí alojados en cualquier momento del día, con el objeto de que se cumplan las condiciones generales del alojamiento".
El texto de esta norma deberá estar exhibida en un lugar visible en el ingreso del establecimiento y los titulares deberán comunicar esta disposición por escrito a las personas a cargo de los ancianos alojados.

Las visitas contempladas se efectuarán, según el artículo 2°, sin alterar el descanso, la tranquilidad y las condiciones de seguridad de las personas mayores que residen en el establecimiento.

En los fundamentos del despacho de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, aprobado por el Cuerpo, se señala que esta Ley tiene entre sus objetos, el de "garantizar el derecho de las personas a cargo de los adultos mayores a verificar las condiciones de alojamiento de los geriátricos más allá de las inspecciones que competen a las distintas áreas del Gobierno".

Para finalizar, la Legislatura expresó, mediante una Declaración, "su más profundo pesar al cumplirse más de nueve años del fallecimiento de Marcela Iglesias, en el Paseo de la Infanta, repudiando la dilación en la administración de justicia que llevara a la prescripción de la causa pernal N° 3556 y otorgara una vez más a nuestro país, un manto de olvido e impunidad sobre los responsables de tamaña tragedia".

En tanto, el vicepresidente primero de la Legislatura, Santiago de Estrada, anunció en el recinto que, a pedido de 52 diputados, el miércoles 8 de junio a las 10 de la mañana, en una sesión especial, comenzará el tratamiento en particular de la Ley de Comunas, aprobada en General el año pasado.