Enríquez y Rizzo vuelven a enfrentarse

De acuerdo a lo anunciado por los responsables del proceso de liquidación de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CASSABA), el pasado 9 de diciembre comenzó el censo obligatorio de los ex aportantes al régimen para poder ser tenidos en cuenta en los futuros acuerdos con el ANSES.

La medida dispuesta por la Comisión Liquidadora de la Caja se desarrollará hasta el 28 de febrero de 2009 a través del sitio web de la entidad (www.cassaba.org.ar) y se estima que participen más de 88 mil personas.

"Es necesario actualizar y completar los datos de los afiliados aportantes, a efectos de determinar los casos que deberán ser incluidos en los acuerdos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)", remarcó el presidente de la Comisión Liquidadora, Jorge Enríquez. Y agregó: "Si algún abogado o procurador que no haya aportado en estos años, desea censarse, se le tomarán los datos igualmente".

La realización del censo obligatorio se resolvió, luego de que CASSABA solicitara información para la actualización de los datos personales al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) obteniendo como respuesta una negativa sustentada en el derecho a la privacidad de los matriculados porteños.

Si bien, Enríquez subrayó que "la participación en el Censo resulta una condición básica para poder incluir a los afiliados en el acuerdo a suscribirse con la ANSES", para de "una forma concreta y eficaz de proteger sus derechos previsionales" de los abogados; el presidente del CPACF, Jorge Rizzo manifestó su "preocupación"por la realización del relevamiento.

"La ley de derogación de Cassaba (Nº 2.811 de la Ciudad de Buenos Aires) no prevé en ningún caso un censo como el pretendido y, mucho menos, en el caso de incumpliendo, una sanción consistente en la 'perdida de derechos previsionales' como anuncia CASSABA. Es una verdad jurídica de Perogrullo recordar que los Derechos Previsionales son irrenunciables, indisponibles e inalienables, de allí que la manifestación de la dirigencia de la inconstitucional, nula e inaplicable caja sea, mínimamente, descomedida", remarcó Rizzo.
Tras reconocer que "es cierto que la liquidación necesita de ciertos y determinados datos", el Presidente del Colegio de Abogados aseguró que "la información que estaría exigiendo CASSABA exceden de manera peligrosa, los mínimos e indispensables para la buena consecución del fin perseguido por la ley 2811", ya que "los datos que 'voluntariamente' se otorguen a un censo, no están protegidos por las garantías que sobre ellos otorgan la Constitución Nacional y la Ley de Habeas Data Nº 25.326".

"CASSABA podría emitir a terceros, por ejemplo la AFIP, el tipo, número de CBU y estado de la cuenta bancaria de un matriculado, sin solicitar ninguna autorización de su parte", consideró Rizzo, quien también hizo algunas recomendaciones a quienes participen del censo.
"En el caso de datos profesionales sólo 'debería' consignar la fecha de expedición de título, un domicilio legal en la Capital Federal, CUIT/CUIL; en cuanto al teléfono y el mail, dichos datos son de carácter optativo. En los datos previsionales sólo debería consignar la Caja o sistema previsional al que se aportaba antes del 31 de diciembre de 2004 -no sería necesaria la condición de revista frente a la AFIP. Y los datos bancarios son absolutamente innecesarios", señaló en un comunicado de prensa.