Fuerte oposición desde varios sectores al paquete de códigos judiciales porteños
Los abogados del Departamento de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) nunca pensaron que los proyectos de Código Procesal Penal porteño y de reformas al Código Contravencional, que debate la Comisión de Justicia, iban tan lejos. "Son una barbaridad", resumieron en voz alta, al tiempo que preguntaron "¿Con qué organismos los consensuaron?". "Con ninguno", respondió una tímida voz.
Del encuentro participaron los legisladores Silvia La Ruffa (Unión para Recrear Buenos Aires), Vilma Ripoll (Izquierda Unida), Milcíades Peña (Movimiento de Recuperación Popular 11 de marzo), Mónica Bianchi (Autonomía Popular), Beatriz Baltroc (Autonomía Popular), Alicia Caruso (Partido de la Ciudad), Ana María Suppa (Frente Popular de la Ciudad) y Ariel Schifrin (Frente Popular de la Ciudad).
El presidente de Compromiso para el Cambio, Mauricio Macri, hará una conferencia de prensa este martes para hablar sobre ambos proyectos, los cuales está previsto que se traten en sesión extraordinaria el jueves 19. Sin embargo, Schifrin propuso que en un plazo de 180 días se debata y se elabore un nuevo proyecto de Código Procesal Penal para la Ciudad de Buenos Aires.
"Es obvio que aumentan la discrecionalidad de la policía", dijeron casi a coro la vicedirectora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA, Lucila Larrandart; la directora del Equipo de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Sofía Tiscornia; y Alberto Bovino, profesor de la UBA y colaborador del CELS.
Los especialistas coincidieron en afirmar que, en el proyecto de Código Procesal Penal presentado, las reglas en materia de aprehensión, requisa, detención y encarcelamiento preventivo, vulneran los principios fundamentales de las garantías judiciales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, cuestionaron duramente la definición del concepto de "flagrancia", que entienden tiene como único objeto autorizar a la Policía Federal a realizar detenciones sin orden judicial; así como la facultad de ordenar una requisa sobre una persona o su vehículo, sin que medie orden judicial o una situación de urgencia que habilite la medida.
La ibarrista Alicia Caruso se mostró muy conforme con los informes presentados por el CELS, "habida cuenta de la gran experienciia que ellos tienen en derechos humanos y garantías". La legisladora agregó que "darle más atribuciones a la Policía en este país, a veces resulta complicado" y se mostró a favor de un Código Procesal Penal "que tenga otra visión y no con normas tan estratificadas". Caruso entiende que es necesario un mayor tiempo de elaboración en la Legislatura convocando a "otras ONG's que son valiosas", criticó las fuguras de acecho y merodeo que quieren reimplantar y para terminar afirmó que el proyecto de su compañera de bancada, Laura Moresi, es el más garantista y equilibrado.
El ahora kirchnerista Ariel Schifrin afirmó: "Debemos evitar que el Gobierno de la Ciudad termine sin querer acompañando el proyecto del macrismo, que aumenta la discrecionalidad de la policía. Este parche al Código Procesal no resuelve el problema de la inseguridad para la gente. Por el contrario, la sesión extraordinaria del 19 de febrero servirá de escenario para que Macri presente un Código represivo y excluyente de miles y miles de porteños en condiciones de extrema pobreza". Por su parte, Baltroc considera que las iniciativas son efectistas y buscan confundir a la gente para otorgarle más poder a la Policía Federal.
Por otra parte, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda harán una movilización el jueves a partir de las 12 frente a la Legislatura, para protestar contra ambas iniciativas parlamentarias, que en un comunicado de prensa catalogaron de "escalada represiva e inconstitucional".
