Se prorrogó por quinta vez la Ley Orgánica del Ministerio Público
En diciembre del año 2005 se sancionó la Ley 1.903, conocida como "Ley Orgánica del Ministerio Público", la cual aspiraba a modificar los alcances de la autonomía del órgano judicial, dispuestos en el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad. A partir de entonces, se fueron sucediendo postergaciones tras postergaciones, debido a imprecisiones en el texto.
En cada decisión legislativa donde se trataba el tema de esta ley, iban surgiendo diferentes puntos a modificar. La última suspensión la expresó la Ley 2.259, que estableció un lapso de 90 días para tratar la normativa.
En la sesión del jueves 22 de marzo, la Legislatura porteña decidió un nuevo aplazo, pero esta vez por sólo 30 días.
Santiago de Estrada, vicepresidente 1º de la Legislatura, señaló a NOTICIAS URBANAS que "es suficiente el plazo señalado, ya que el grueso del texto normativo ya está acordado". Y agregó: "Lo que aún falta ultimar son detalles en la relación entre el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. Actualmente, el Consejo tenía a su cargo la administración. La Ley 1.903 le brindará al Ministerio Público la autonomía financiera que la Constitución establece. Lo que no queremos es que se duplique la estructura, que aumenten los gastos burocráticos", explicó el diputado.
El Consejo de la Magistratura dio las razones por las cuales se prorrogó la suspensión. "El martes próximo juran el Fiscal y el Defensor General -observó el consejero Ricardo Baldomar- y la idea de lograr un consenso legislativo con las nuevas autoridades es una de las razones de esta medida". También consideró que la postergación por 30 días más se hizo para "ser prolijos" y "no consensuar detalles sobre tablas". En relación a las críticas que sufre la ley, que señalan inconstitucionalidad en algunos de sus puntos (Enrique Olivera en el año 2006 propuso que se sustituyan los artículos 3 y 18 por contradicciones con la Constitución), Baldomar expresó: "La redacción de las facultades tanto del Consejo como del Ministerio son constitucionales, no legales. En la Ley 1.903 no se cercena Constitución local, sólo intenta resaltar más la autonomía del Ministerio Público".
Uno de los puntos más cuestionados de la ley es la vinculada con los nombramientos de los funcionarios del Ministerio Público. Sobre este tema Julio De Giovanni, integrante del Consejo de la Magistratura porteño, explicó a este medio que "las razones por las cuales se propuso al Ministerio Público con autoridad para realizar nombramientos para cargos provisorios fueron para agilizar la labor del órgano, ya que los concursos realizados por el Consejo llevan un tiempo de demora". Y agregó: "Hay un deslinde de competencias que la ley debe aclarar, fundamentalmente lo vinculado a las cuestiones financieras. El Consejo de la Magistratura seguirá siendo el responsable en el proceso de selección de funcionarios", aseguró De Giovanni.
El próximo martes se realizará la ceremonia de jura de los nuevos funcionarios judiciales. Germán Carlos Garavano asumirá en el cargo de Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires (anteriormente miembro del Consejo de la Magistratura) y Mario Kestelboin como Defensor General (ex interventor en la Facultad de Derecho de la UBA).
Garavano y Kestelboin, junto a la asesora general tutelar, Laura Musa (quien ya está en funciones) conformarán la trinidad del Ministerio Público: un órgano del Poder Judicial que muestra a las claras la pluralidad de las instituciones porteñas: el fiscal general fue propuesto por el macrismo, el defensor general, por el Frente para la Victoria y la asesora general tutelar por el ARI.
