Recomiendan el juicio político a los cinco consejeros

Este lunes por la tarde la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora se reunió en el Salón Eva Perón de la Legislatura porteña para firmar los dictámenes sobre el pedido de juicio político a cinco de los ocho miembros del Consejo de la Magistratura.

Los hechos constitutivos de la causal de mal desempeño determinados por la Comisión fueron seis, pero sólo se aplicaron cuatro y no a todos los consejeros implicados, es decir, a María Magdalena Iráizoz, Diego May Zubiría, Juan De Stéfano, Carlos Rosenfeld y Bettina Castorino.

Cabe mencionar que también estaba involucrada María Celia Marsili, pero renunció a su cargo. Lo mismo ocurrió con Carlos Balbín aunque nunca fue parte del grupo de consejeros sometido al proceso de Juicio Político por la Legislatura. Actualmente, el Consejo tiene ocho miembros, dado que asumió el suplente Jorge Acaputo.

En total la Comisión Investigadora que preside Marcelo Godoy (Compromiso para el Cambio) elaboró cuatro dictámenes (aunque cada uno de ellos está compuesto por cinco dictámenes individuales). El de mayoría -firmado por seis legisladores (Godoy, Jorge San Martino, Martín Borrelli, Jorge Enríquez, Daniel Betti y Miguel Talento), pero acompañado por ocho, ya que se espera la adhesión de los diputados Rubén Devoto y Álvaro González- aconseja a la Sala Acusadora el juicio político a los cinco consejeros, aunque por distintas causales.

Salvando los detalles particulares, en el dictamen se hace mención a los hechos relacionados con la compensación de los consejeros fijadas en violación a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 31 y la cláusula transitoria 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la falta de cobertura de cargos empleados y funcionarios del Consejo de la Magistratura, Juzgados, Cámaras y Ministerio Público conforme al sistema de concurso público y falta de regularización por el mismo sistema del personal ingresado con anterioridad al 18 de diciembre de 2002; la probable negligencia, impericia y/o falta de idoneidad en la gestión del Consejo de la Magistratura y la situación de incompatibilidad en el ejercicio de cargos en el Consejo de la Magistratura, por el cual fue acusada únicamente Castorino.

Durante la firma de los despachos, Betti y Talento dejaron expresadas un par de disidencias. En el caso del diputado del Bloque del Sur se debió a un agregado realizado en torno al jefe de Seguridad que se nombró en el Consejo de la Magistratura, mientras que el vicepresidente segundo de la Legislatura no considera aplicable a la consejera Castorino la primera causal que hace mención al cobro de adicionales por parte de los consejeros, ya que "lo cobró por seis meses y luego lo devolvió".

El dictamen firmado por los kirchneristas Silvia La Ruffa y Diego Kravetz (Frente para la Victoria) también aconseja el juicio político pero excluye de la nómina a Rosenfeld. En los fundamentos aseguran que "el juicio político tiene entre sus objetivos hacer cesar la conducta reprochable y preservar el bien público tutelado y reconociendo que desde la conformación de las comisiones temáticas se vislumbra una tendencia favorable (no faltan insumos, se dictaron importantes reglamentos, se firmó un convenio de cooperación para optimizar la estructura del Consejo de la Magistratura) en la gestión del organismo, entendemos no correspondería acusar al funcionario investigado por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".

En tanto, el dictamen de la diputada Sandra Dosch (Frente Grande) es el mismo para todos los consejeros y desestima los cargos formulados contra ellos y pide el archivo de las actuaciones. Entre los considerados del mismo, Dosch expresa: "A los fines de imputar mal desempeño fundado en el supuesto incumplimiento de la ley, resulta imprescindible demostrar un claro apartamiento del texto legal a los fines de justificar un acto de tal gravedad como lo es la destitución de un miembro del Consejo de la Magistratura. En tal sentido, entendemos que no se verifica en el caso tal extremo, según surge de la investigación llevada a cabo, del descargo de los consejeros, y de la prueba producida por las defensas y agregada en estas actuaciones".

Por otra parte, el dictamen elaborado por los diputados Fernando Melillo (ARI) y Ariel Schifrin (Confluencia) es bastante complejo ya que se expide sobre la forma y sobre el fondo del proceso para todos los casos. Con respecto a la forma, los legisladores sostienen que es procedente la nulidad solicitada por varios de los consejeros, ya que la Legislatura "se arrogó facultades de la Sala Acusadora" al votar las resoluciones que generaron la apertura del proceso de juicio político y consideran que este detalle "no es subsanable".

En cuanto al fondo, afirmaron -aunque no es necesario ya que consideran el proceso nulo y lo advirtieron hace varios meses- que no hay mal desempeño por parte de los cinco consejeros. Ambos consideran que los hechos no configuran la gravedad tal como para ser causal de juicio político, ya que este Consejo tuvo que actuar en un proceso de transición, y heredaron una situación caótica por parte de la anterior composición (conducida por Juan Octavio Gauna) que estuvo plena de irregularidades. Se deja entrever en el dictamen que Melillo y Schifrin observaron errores de gestión pero no de corrupción.

Por último, y en respuesta a los dictámenes acusatorios, la consejera Iráizoz afirmó: "Se violaron las instancias del debido proceso y que no se resolvieron las nulidades planteadas como hubiera correspondido".