"Enríquez no me asusta"
La lucha de la agrupación Gente de Derecho contra la Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, parece no haber concluido con la derogación de la ley que creó la caja profesional y la posterior creación de una Comisión para su liquidación. A pocos días de debatirse en la Legislatura el futuro de CASSABA ante el hecho de haberse vencidos los plazos máximos establecidos por ley para su liquidación, el líder de la agrupación que desde hace tres períodos gobierna el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, junto a varios matriculados entre los que se encuentra el primer candidato a consejero de la Magistratura porteña, Daniel Fábregas, se presentaron ante la justicia y realizaron una denuncia penal contra los integrantes de la Comisión Liquidadora de CASSABA.
?Venimos a radicar denuncia penal contra Jorge Ricardo Enríquez en su carácter de Presidente de la Comisión Liquidadora de CASSABA en liquidación y los siguientes miembros: Francisco J. Quintana, Diego M. Capuya, Adrián González, Ricardo Fabián Ramírez Calvo, María Laura Elliff, Arturo Vázquez, Héctor María Huici, Pedro A. Gómez de la Fuente; todos con domicilio en Viamonte 542 de la Capital Federal, y/o contra quienes resulten autores y/o coautores, partícipes, encubridores e instigadores de los delitos del accionar cuyo ejercicio eventualmente encuadraría la hipótesis delictiva del art. 248 del Código Penal en concurso con los delitos previstos y reprimidos en los arts. 260 y 174 inc. 5º en función del art. 172 del mismo cuerpo normativo y/o la calificación legal que en definitiva corresponda, por los que resultamos damnificados; conforme surge del relato de hechos que a continuación exponemos?, expresa el texto de la denuncia a la que tuvo acceso NU.
En la presentación judicial, se señala que de acuerdo al texto de la ley sancionada el 24 de julio de 2008 y que creó la Comisión Liquidadora, ?se estableció un plazo de duración máximo de doce meses con la potestad de extender dicho plazo, por única vez, en doce meses más?. ?El plazo original dado a la liquidación se venció el día 31 de julio de 2009?, afirma.
También relata que ?la liquidación de CASSABA se encontraba absolutamente detenida, malgastándose el plazo originalmente otorgado por ley 2.811?, y que ?la Comisión Liquidadora concurrió nuevamente a la Legislatura para lograr el dictado de la prórroga?, la cual ?a través del dictado de la ley 3133? determina que la misma ?comenzaba el día 1º de agosto de 2009, por lo que su vencimiento operó, sin hesitación y de pleno derecho, el día 31 de julio de 2010?. Y señala que, luego caerse la firma de un convenio con el ANSES, ?Cassaba en liquidación comenzó a repartir discrecionalmente dinero del sistema previsional?.
La denuncia se funda en que ?aún luego del 31 de julio de 2010, se habría repartido dinero, léase cuando la ley había hecho cesar de pleno derecho las funciones de la Comisión Liquidadora y, no estamos refiriéndonos a los gastos de administración y mantenimiento sino a verdaderos e indiscutibles actos de disposición del patrimonio de todos los abogados?.
Ante esta situación, los denunciantes entendieron que sobre los integrantes de la Comisión Liquidadora de CASSABA podría cuadrar la figura de ?abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos?, por no cumplir o ejecutar ?las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere?. También consideraron que los hechos denunciados responderían al delito de malversación de caudales públicos, el cual establece la ?inhabilitación especial de un mes a tres años? para el funcionario ?que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuviesen destinados?; y plantearon también una hipótesis de ?fraude en perjuicio de alguna administración pública?.
En el caso que la denuncia realizada ante el Juzgado de Instrucción Nº 4, Fiscalía 19 prospere, y el magistrado a cargo entienda la culpabilidad de las personas denunciadas por los delitos señalados, a los integrantes de la Comisión Liquidadora podría recaerles una pena de prisión máxima de seis años, de acuerdo a lo establecido por el artículo 174 del Código Penal.
Tras ser difundida esta información, Jorge Enríquez respondió duramente contra Rizzo (ver nota en NU) y anunció que iniciará acciones penales y civiles contra el ex presidente del CPACF.
"Enríquez no me asusta. Tampoco me interesa polemizar con él. Enríquez tendrá que dar sus explicaciones ante el juez. Que diga y denuncie todo lo que quiera, la Justicia resolverá?, se limitó a decir.
