Tercerizar la ilegalidad laboral

Extensas jornadas de trabajo, entre 12 y 14 horas o más, bajos sueldos y personal indocumentado, en talleres que no respetan normas de seguridad e higiene, figura en las diferentes actas de inspección realizadas por el Gobierno de la Ciudad y las declaraciones de costureros, como del dirigente de la Unión de Trabajadores Costureros (UTC) en la Defensoría del Pueblo.

El mecanismo de trabajo que se denunció este lunes, a partir de las 11, desde la Jefatura porteña es sencillo. El sistema de producción textil de los distintos fabricantes de ropa deportiva Puma, Bensimon, Le Coq Sportif, Topper y Arena utiliza un intermediario, en este caso Textil Delos S.A., la cual confecciona prendas, además de su taller legal, ubicado a metros del barrio Rivadavia del Bajo Flores, en otros talleres que violan la normativa laboral y penal, por contratar inmigrantes ilegales.

El ministro de Producción, Enrique Rodríguez, expresó en la conferencia de prensa que "las grandes empresas conocen los procedimientos de trabajar con talleres que no respetan las leyes" y la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, con un período en su cargo que va durar un año y medio más, recalcó que hace dos años comenzó el desentramado de las empresas textiles "falta mucho por hacer porque esto se ha venido gestando desde hace años y es un tema que va más allá de un jefe de Gobierno. Aquí se violan convenios internacionales".

Por la denuncia de Gustavo Vera, dirigente de La Alameda donde se creó la UTC, en la Subsecretaría de Trabajo porteña se sabe que los dueños de Delos S.A. son Hugo Rodolfo Losinno y Eduardo Delfis, y que uno de los integrantes de la sociedad es propietario de los talleres donde se terceriza el trabajo en condiciones que violan leyes penales y laborales."El dueño de la firma anda armado dentro de la fábrica y se lo denunció por haber amenazado de muerte", refirió Vera ante el área de Trabajo a cargo de Ariel Lieutier.

La Subsecretaría de Trabajo mandó a inspeccionar a Delos S.A., hasta la oficina de su contador, como a los talleres que se denunciaba, además intimo a las empresas de ropa deportiva a que presentaran un listado de talleres con los que confeccionan prendas y la cantidad de producción.

Delos mintió respecto a los talleres que envía trabajos de costura. Dijo tener solamente relación con un taller de Zelarraya 1855, en donde según la inspección los trabajadores fueron amenazados con reducirles su sueldo si decían lo que sabían de las condiciones laborales. Se comprobó que dos talleres más proveen a Delos, y están ubicados en la avenida Juan Bautista Alberdi 4619 y en Magariño Cervantes 2839. Estos dos talleres, según fuentes gubernamentales, "se hallan en pésimas condiciones de seguridad e higiene y podría haber reducción a la servidumbre, un delito penal", ya que los costureros del taller en Alberdi dijeron que el talleristas les daba vivienda. En el taller de Zelarraya trabajadores indocumentados provenientes de Bolivia y Perú, que trabajan en negro, y algunos dijeron cobrar tres pesos la hora. En el taller de Alberdi también había extranjeros sin permiso de trabajo en el país, algunos de los cuales cumplían jornadas de trabajo de catorce o quince horas y otros que dijeron que ni siquiera habían arreglado el sueldo que les pagarían.

En la calle Martínez Plácido 2059 donde se erige un taller se pudo comprobar, luego de una obstrucción, que el titular de lugar es Miguel Ángel Losinno, mismo apellido que Delos, y que trabaja para Puma. Allí el exceso de la jornada laboral, los bajos sueldos, y las irregularidades en las instalaciones eléctricas son premisa patronal.

Ahora es momento que los miembros de la justicia federal investiguen hasta donde es la relación de las cinco empresas de ropas con el intermediario. El Gobierno porteño, a través de la Procuración, hizo su presentación penal el viernes ante el juzgado federal Nº 3, bajo responsabilidad de Daniel Rafecas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo hará este lunes lo mismo ante el juez federal Norberto Oyarbide, que desde hace dos años tramita una megacausa contra talleres clandestinos en la Ciudad por asociación ilícita y tributaria, la que se podría dividir en penal correccional y criminal y en penal tributaria, según fuentes que diariamente están con el tema. La investigación judicial se divide en dos fiscalías. La de Patricio Evers se concentra sobre la empresa Soho. Mientras que la mayor parte de las empresas investigadas es facultad del fiscal Cearas.

Estuvieron presentes en la conferencia Norberto Josovich, por la Procuración, el cónsul de Bolivia Alberto "Gringo" González, quien tomó una postura totalmente distinta a la de su antecesor en el cargo, el subsecretario de Trabajo porteño, el legislador Facundo Di Filippo, y miembros del INTI.

El tema continuará a la 19, en Santa Fé y Callao, cuando los miembros de la UTC escrachen a un local de la marca Puma.