Estudian reducir el número de jueces del Fuero Contravencional y de Faltas

La Comisión de Justicia que preside la diputada Marta Oyhanarte continúa discutiendo el despacho para reducir el número de magistrados de primera y segunda instancia a designar para el Fuero Contravencional y de Faltas.

Al sancionarse la ley 7, la Legislatura había determinado que serían 12 los jueces de cámara y 38 los jueces de primera instancia. Luego por otra ley, el número de estos últimos fue reducido a 30 y ahora los legisladores intentan acordar una nueva disminución a 20 jueces de primera instancia y seis camaristas. El Ministerio Público de este fuero, por su parte, quedaría integrado por 12 fiscalías en dos turnos -es decir, 24 fiscales a designar- y 16 defensorías.

El llamado a concurso efectuado por el Consejo de la Magistratura en 1999 fue para cubrir las vacantes de 38 jueces y 12 camaristas. Eran las épocas de gloria de Fernando de la Rúa y sus operadores judiciales del radicalismo -Juan Octavio Gauna, Enrique Mathov y Facundo Suárez Lastra- procuraban ubicar en el sistema judicial a todos sus amigos y colaboradores a fin de garantizar, tal como la UCR lo hiciera en 1983 a nivel nacional con Raúl Alfonsín, una sustantiva cuota del poder judicial.

Pero los tiempos cambiaron. No sólo a de la Rúa se lo llevó el helicóptero y Mathov está procesado por los muertos y heridos del 20 de diciembre, sino que Gauna hace esfuerzos para eludir su propio procesamiento en la causa penal que se le sigue por defraudación y otros delitos contra el Estado y en la que está imputado junto a los otros cinco consejeros y varios directores del primer Consejo de la Magistratura porteño.

Los presuntos hechos delictivos por los que fueron acusados tienen que ver, precisamente, con el futuro Fuero Contravencional y de Faltas, ya que se cuestionaron judicialmente las millonarias compras de dos edificios inservibles -destinados para el fuero- y de cientos de computadoras que habitan un depósito hace más de tres años. Cuando las autoridades que reemplazaron al viejo Consejo de la Magistratura asumieron, se encontraron con que, de los dos edificios, el ubicado en Hipólito Yrigoyen 932 -por el que se pagaron 1.550.000 dólares- no servía para nada. El otro edificio, ubicado en Tacuarí 138 -comprado en 2.550.000 dólares- está siendo refaccionado, pero no alcanzará para albergar a todos los jueces del fuero. La falta de espacio fue uno de los motivos principales por el que se planteó la reducción del número de magistrados, que actualmente está en estudio.

Hoy los legisladores se encuentran con una lista sábana de 20 jueces y 6 camaristas confeccionada por el viejo Consejo de la Magistratura -con un orden de mérito de dudosa legitimidad- y, al mismo tiempo, con otros 18 postulantes a jueces y 6 candidatos a camaristas que también fueron seleccionados cuando los números eran 38 y 12 respectivamente.

Una alta fuente parlamentaria sostuvo a NOTICIAS URBANAS que "los que protestan es porque se quedaron afuera, pero se olvidan que, en su mayoría, eran del 'club
de amigos' que presidían Gauna, Mathov y Bonatto. Ahora que les vayan a reclamar a ellos", sentenció. Estos postulantes, hoy lejos de alcanzar los juzgados para los cuales concursaron desde hace más de tres años, pretenden ser igualmente nombrados y quedar en una suerte de "limbo" hasta tanto se resuelva la creación de nuevos juzgados a ocupar. Algo poco probable en el corto plazo, pero que haría perdurar en el tiempo los resultados de los concursos, plagados de impugnaciones -inclusive de camaristas- por los numerosos vicios cometidos durante su realización.

La diputada Alicia Pierini (PJ) adelantó su voto negativo para estas listas. "No voy a convalidar nombramientos vitalicios de los amigos de Gauna, Mathov, Bonatto y Cárcova, que están en los pliegues de la lista sábana que nos enviaron, cuando vengo probando día a día la corrupción vergonzosa del ex Consejo de la Magistratura. No puede ser que ahora estén prohijando listas de jueces que la Ciudad tendrá en forma vitalicia". Sin embargo, hay quienes en el bloque del PJ están en desacuerdo de que el número de jueces sea disminuido. El diputado Lucio Ponsa Gandulfo (PJ) expresó en más de una oportunidad que la reducción de los jueces implicaría consolidar la existencia de la Unidad Administrativa de Controladores de Faltas (UACF), un sistema sustitutivo creado por el Poder Ejecutivo que nada tiene que ver con lo que establece la Constitución porteña. Hay un pedido de que el proyecto de reducción de jueces sea girado también a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es presidida por el legislador radical Héctor Costanzo.

Al mismo tiempo, la Comisión de Justicia estaría por reducir a 30 el número de controladores que cumplen las funciones administrativas previas. Actualmente se desempeñan 47 controladores, cuyas funciones les fueron prorrogadas hasta abril del 2004. Deberán concursar para permanecer en sus puestos.

Por su parte, la Junta de Ética que preside el diputado Roque Bellomo (FG) desestimó con un fundamento formal la impugnación que oportunamente Pierini realizó para cuestionar el orden de mérito enviado por los ex consejeros y solicitar su revisión por el nuevo Consejo. La Junta de Ética también denegó la impugnación que en igual sentido había presentado la legisladora Marta Oyhanarte. Y también por razones formales, sin considerar el fondo de la cuestión.

Así, cuando faltan ya pocos días para las audiencias publicas convocadas para la primera quincena de julio, la futura designación de jueces, fiscales y defensores del Fuero Contravencional y de Faltas se ve cuestionada por numerosos impugnantes y hasta por miembros de la propia Legislatura.