Había escherichia coli en la mercadería decomisada por la Defensoría del Pueblo

Las pruebas fueron contundentes: había escherichia coli, caca de ratas, gorgojos vivos, bacillus cereus y hongos en las muestras tomadas de los productos decomisados de una empresa fraccionadora y elaboradora de alimentos, que estaban a punto de ser comercializados. El procedimiento fue impulsado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y se realizó entre el 10 y el 15 de marzo en dos depósitos ubicados en Rocamora 4262/4 y 4268/0, en el barrio de Almagro.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar este viernes, la defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, relató los detalles del operativo en el que se incautaron entre 27 y 30 toneladas de alimentos contaminados.

Según consta en una resolución que emitió la Defensoría, los inspectores de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno porteño, que participaron en el procedimiento, mostraron falta de predisposición para las tareas requeridas. Y cometieron graves errores, como obviar la colocación de una faja de seguridad en una puerta y poner otra faja que era fácilmente despegable. Por alguno de estos motivos, la clausura fue violada entre los días 10 y 11 de marzo.

Otro hecho que fue destacado por la defensora es que un funcionario de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria había inspeccionado el local de Rocamora 4268 el 6 de febrero de 2004. A su vez, el otro depósito -sito en Rocamora 4264-, había sido inspeccionado por personal de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental.

Al referirse a este tema, Pierini aseguró que "si los funcionarios de la Defensoría no hubieran impulsado la inspección y posterior clausura de la fábrica, hoy los vecinos de la Ciudad estaríamos consumiendo estos alimentos contaminados con un riesgo altísimo para la salud de la población".

La mercadería incautada presentaba un grave cuadro de contaminación. De hecho, en el mismo procedimiento se mataron nueve ratas; cada una, del tamaño de un gato mediano. Durante la inspección se constató, el primer día, la presencia de grandes cantidades de veneno para ratas entremezclado con los alimentos, cuyas bolsas estaban, en muchos casos, abiertas.

Pierini también denunció que, durante el operativo, los inspectores no controlaban el decomiso porque éste se hizo con personal de la fábrica y "en la práctica, quien lo dirigía desde adentro era el responsable de la empresa (señor Ferrara), quien decidía qué se tiraba y qué no. Mientras tanto, los inspectores estaban en la puerta del local y no ingresaban al mismo, salvo expreso pedido del personal de la Defensoría del Pueblo", añadió Pierini.

"A esta altura del análisis, corresponde preguntarnos qué habría pasado si la Defensoría del Pueblo no hubiera estado presente en el procedimiento iniciado el 10 de marzo de 2004. Probablemente los inspectores habrían optado, tal como sugirieron, por dejar una citación para 'acordar' fecha y horario de la inspección. Asimismo, si no hubiera estado presente personal de esta Defensoría, no se habría procedido al decomiso ni a la intervención de la mercadería, ya que pocos días atrás ambos locales fueron inspeccionados y las graves irregularidades no fueron observadas y sólo se realizaron intimaciones de fumigación y limpieza. Es evidente el ineficiente control ejercido por los inspectores del Gobierno de la Ciudad sobre los alimentos destinados al consumo de la población", concluyó Pierini.

La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento de la Procuración General de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires el carácter de los hechos, ante la posible constitución de un delito de acción pública por parte de los funcionarios del Gobierno porteño.