Buscan limitar los vetos de Macri

Desde la asunción como Jefe de Gobierno de la Ciudad en diciembre de 2007, Mauricio Macri no dio su conformidad a más de un centenar de leyes votadas por la Legislatura, aún siendo muchas de ellas votadas e impulsadas por el propio bloque PRO.

Total o parcialmente fueron vetadas leyes como la que proponía la creación de un laboratorio estatal para producir medicamentos, de la carrera de técnico superior en emergencias médicas, la ley de medios vecinales, una normativa para que existan góndolas con alimentos para regímenes especiales, otra sobre trámites en sistema braile, la creación de un registro de ex presos políticos, también de un comité contra la tortura y de una oficina contra la trata de personas, la prórroga de la emergencia habitacional y, entre muchas otras leyes, un programa de inclusión laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Con el objetivo de limitar la proliferación de vetos, legisladores K presentaron un proyecto para regular el sistema de rechazo de leyes por parte del Ejecutivo.

La iniciativa que plantea la aprobación de una ?Ley de Vetos? fue presentada por el presidente del bloque Frente para la Victoria en el parlamento porteño, Juan Cabandié, y la legisladora María Rachid.

El proyecto propone reglamentar los artículos 86, 87, y 88 de la Constitución de la Ciudad (los cuales se ocupan de la sanción de las leyes y de la capacidad de veto total o parcial) y establecer una serie de requisitos que el Jefe de Gobierno deberá cumplir a la hora de rechazar una ley.

Según el texto del proyecto de Ley de vetos, el titular del Ejecutivo deberá fundamentar sus vetos cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley de procedimientos administrativos, por lo que no sólo deberá expresar ?en forma concreta las razones? del veto, sino que la finalidad del rechazo no podrá ?perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados distintos de los que justifican el acto?.

En el caso que los decretos no sean debidamente fundamentados ?serán nulos?. La propuesta K también obliga al Ejecutivo porteño a ?notificar fehacientemente a la Legislatura? la emisión de un decreto de veto dentro de los 10 días hábiles, y en el caso de no ser notificado al Parlamento en tiempo y forma, la ley se tendrá por promulgada automáticamente considerándose el veto ?extemporáneo y nulo?.

?Una novedad que introduce el presente proyecto, radica en la fijación de un parámetro objetivo para que el ejecutivo cumpla la obligación de expresión de fundamentos de los vetos, sin que ello implique alterar la atribución constitucional del veto. La Constitución, obliga al Ejecutivo a expresar los fundamentos como condición para la procedencia de los vetos. De aquí se deriva la necesidad de brindar a los/as ciudadanos/as, argumentos y motivos para conocer la razonabilidad de los actos de gobierno y ejercer su control?, resaltan los autores de la iniciativa.

Pero el proyecto de Rachid y Cabandié no sólo apunta al Ejecutivo, también obliga a la Legislatura a ocuparse y dar tratamiento a las leyes vetadas total o parcialmente ?en un plazo máximo de 90 días corridos desde su ingreso por mesa de entradas?. En el caso de no ser tratas en ese plazo, la presidencia de la Legislatura deberá incluir las leyes vetadas en el orden del día de la sesión siguiente para que el Poder Legislativo se expida expresamente sobre los vetos realizados por el Ejecutivo (insistiendo con la ley tal cual fue votada o aceptando los vetos).

?Es necesario dotar a la ciudadanía de una ley que reglamente con certeza las vicisitudes que pueden acaecerle a proyectos que han sido sancionados por la Legislatura y que han trascendido del órgano legislativo. Pues, en la práctica, lo cierto es que frente a la ausencia de pronunciamiento expreso del cuerpo, a menudo, existe una situación de expectativa ciudadana. Ello ocurre por ejemplo cuando la Legislatura sanciona un proyecto de ley y el Ejecutivo veta parcialmente sólo un artículo. La situación es paradójica: la Legislatura y el Ejecutivo, habiendo valorado necesidades de las personas, dan respuestas comunes a esas necesidades y, sin embargo, es posible que la ley nunca tenga vigencia. Aquí un mecanismo constitucional, al combinarse con cierta inercia del Poder Legislativo, dan como resultado el menoscabo de la calidad institucional del Cuerpo?, expresan los autores de la iniciativa en los fundamentos del proyecto.

Semanas atrás, en el marco de un acto organizado el grupo de músicos que reclaman la Ley de Reconocimiento a la Actividad Musical, que fue vetada por el Jefe de Gobierno porteño, Rachid sostuvo que ?las 106 leyes vetadas, sumadas a las más de 40 que ya hemos denunciado que nunca se publicaron en el Boletín Oficial, y las tantas otras que nunca reglamentó, definen políticamente al Ingeniero Macri, que rozando la inconstitucionalidad aspira a un gobierno sin poder legislativo".